Padres y Patrones
¿Preocupa de verdad a los padres españoles lo que pueda suceder con la reforma del sistema educativo? Si hacemos caso del último barómetro del CIS, publicado en enero, cuando se pregunta a los españoles por los principales problemas que, en su opinión, aquejan al país, sitúan la educación en la posición número 12, por detrás no sólo del paro, la inmigración y el terrorismo, --identificados como los tres problemas principales--, sino también de otras cuestiones como la vivienda, la inseguridad, las drogas y hasta el Estatuto de Cataluña.
Pero si se cambia la pregunta y en lugar de plantear cuáles son los problemas que existen en España, se pregunta por los problemas que afectan personalmente al encuestado, la respuesta cambia y la educación pasa al puesto 9, por delante de la sanidad, el terrorismo, las drogas y, por supuesto, el Estatuto de Cataluña.
Y más aún: si la pregunta se dirige a los individuos del tramo de edad que coincide precisamente con el periodo vital de formación y crecimiento de la familia, es decir, aquellos de quienes podemos presuponer que son, en su mayoría, madres y padres de familia, comprobamos que la educación sube posiciones en la escala de preocupaciones personales, hasta el lugar número 6 de entre la treintena de problemas identificados. La pregunta de si los padres españoles están preocupados por la educación de sus hijos se contesta por tanto, en estos términos generales, de manera afirmativa.
Es evidente que ni a todos los padres nos preocupa la educación de nuestros hijos de la misma manera, ni identificamos los mismos tipos de problemas en el sistema educativo. Con seguridad los que defienden una mejora radical en la calidad de la enseñanza pública tienen el foco de su atención puesto en cuestiones diferentes de aquellos que se manifiestan estos días por el derecho a elegir para sus hijos un centro en el que se imparta educación diferenciada por sexos.
Pero con todas las diferencias de perspectiva y posición, el nexo que une a unos y otros es el hecho de que todos ellos, padres y madres de cualesquiera condición, ideología o trayectoria personal, son los que efectivamente deben hablar, los que deben decidir la educación que desean para sus hijos, los titulares de un derecho que la Constitución española les reconoce como propio y respecto del cual tanto el Estado como las instituciones educativas, públicas o privadas, tienen un carácter solamente instrumental.
Desde esta perspectiva, resulta llamativo el hecho de que el protagonismo de las movilizaciones y de las demandas en materia educativa parezca irse trasladando paulatinamente, en los últimos años, desde las organizaciones de padres hacia las empresariales del sector. La libertad de los padres para decidir sobre el tipo de educación que prefieren para sus hijos lleva implícita igualmente la libertad de constitución de centros que se ajusten en su oferta a las demandas de los padres. Pero ni los centros de enseñanza ni las patronales empresariales del sector sustituyen la voz y el derecho de los verdaderos protagonistas y titulares, que son los padres.
