Propiedad privada y socialismo
Por decenios para la propaganda comunista, la propiedad privada y la iniciativa individual han sido conceptos absolutamente opuestos. De acuerdo con ese dogma, el objetivo principal de los partidos comunistas al tomar el poder es maximizar la destrucción de la “vieja sociedad”, forma utilizada para calificar las estructuras creadas por el ser humano durante siglos de ardua labor, para sustituirla por una supuesta propiedad colectiva, que teóricamente estaría en función del beneficio de toda la sociedad.
En los distintos países llamados socialistas se llevó a cabo una política implacable en tal sentido, aunque en algunos se hicieron algunas concesiones, debido a viejas tradiciones o la imposibilidad del Estado de sustituir totalmente la propiedad privada, como fuera en Polonia, donde siempre prevaleció en la agricultura. En la base de esa ideología, además de la interpretación incorrecta de los fenómenos económicos y de la importancia de la iniciativa individual a través de la historia de la humanidad, se encontraba la meta de reducir a los ciudadanos a la condición de siervos del omnipresente Estado-Partido, representante de políticos profesionales ansiosos de poder absoluto.
En Cuba, la estatización de la sociedad se llevó a extremos que hasta superaron los excesos cometidos en los países del este de Europa. Sólo quedó un minoritario y acosado sector privado en la agricultura, así como en efímeras coyunturas, muy controladamente, se ha permitido limitadas formas de comercio y de trabajo por cuenta propia. La iniciativa individual fue aplastada, cultivándose la dependencia de los ciudadanos al estado desde los primeros años de edad, para crear súbditos “dóciles”. Con fines políticos, se intentó liquidar unas de las mayores cualidades de los seres humanos: el instinto de superación y la autoestima personal.
La estatización de los medios de producción, incluidas las modestas herramientas de los pequeños artesanos y comerciantes – hasta las tijeras de los barberos- en modo alguno puede calificarse de proceso socializador, pues por el contrario convirtió a miles de centros de trabajo en ineficientes, de baja productividad y generadores de pésimos servicios. En ellos han florecido la indisciplina, la corrupción y la pérdida masiva de múltiples valores cívicos y éticos. Establecimientos productivos y de servicios que en vez de aportar a la sociedad riqueza, en un alto porciento deben ser subvencionados.
Paralelamente, el famoso esquema socialista de “distribución según el aporte del trabajador” jamás ha funcionado en Cuba. La cacareada propiedad social de los medios de producción es otra colosal mentira. Por otra parte, no existen verdaderos sindicatos que defiendan los derechos de los trabajadores, sino falsas organizaciones, únicamente dispuestas a ejecutar las directivas del Estado-Partido. Los salarios son insuficientes para vivir- hecho reconocido por el propio gobierno- y son pagados en una moneda que luego el estado patrón no acepta en sus tiendas. Un injusto panorama laboral que refleja el enorme grado de explotación, imposible de conciliar con ideas progresistas y de justicia social.
Paradójicamente, el pequeño sector privado que sobrevivió en la agricultura bajo muchas prohibiciones, falta de recursos, obligatoriedad de entregar al estado la mayor parte de sus producciones a precios fijados por éste, y siempre bajo la amenaza de ver confiscada la tierra, ha sido eficiente, rentable, y con alrededor del 18,0% de la tierra cultivable genera actualmente más del 60,0% de la producción agropecuaria del país. Al mismo tiempo paga sus impuestos, lo que ayuda al financiamiento de los servicios de salud, educación, seguridad social y otros. Igual puede decirse del trabajo por cuenta propia, muy perseguido y en ocasiones tolerado con muchas dificultades, con aportes productivos y de servicios a la sociedad muy superiores a la deficiente actividad estatal, donde florece la corrupción y la improductividad.
Si al sector privado y a la iniciativa individual se les diera una mayor libertad, permitieran mejores condiciones de trabajo y la incorporación de más personas, creándose una competencia más amplia, los beneficios serían considerablemente superiores. Al reducirse la escasez de productos y servicios, sería estimulada una mayor estabilidad entre la oferta y la demanda, lo cual propiciaría precios racionales y mejoraría la calidad de los productos y servicios.
La vida demostró en otros países, y Cuba lo muestra hoy, que la concepción estatista en modo alguno es sinónimo de avance social. Por el contrario, ha promovido el estancamiento y la precariedad de la ciudadanía. Si el socialismo es una doctrina de mejoramiento humano y elevación del nivel de vida, como sus seguidores afirman, la variante aplicada en Cuba es todo lo opuesto.
Si se desea una sociedad donde los ciudadanos tengan garantizadas la salud pública, la educación, la seguridad social y condiciones apropiadas para superarse en función de sus capacidades, mientras los menos favorecidos también tengan una vida digna de acuerdo con las posibilidades económicas nacionales, habrá que eliminar los prejuicios contra la propiedad privada y favorecer, en vez de entorpecer, la iniciativa de los ciudadanos, incluso premiando a los emprendedores y talentosos, en lugar de a los oportunistas, sumisos y mediocres, como hasta ahora ha acontecido.
Por supuesto, sería una iniciativa privada en un marco regulado, donde funcione el mercado como categoría económica objetiva que brinda beneficios, pero con un ordenamiento legal que impida las ambiciones en exceso y los egoísmos. No se trata de una utopía, porque estos mecanismos se han aplicado con mucho éxito en diversos países. Son concepciones que deberán ser adaptadas a las condiciones cubanas, que no son desfavorables, ya que nuestro pueblo posee ricas tradiciones progresistas. La propiedad pública no tiene porque desaparecer, puede coexistir con la iniciativa privada, como en otras naciones, sobre todo en actividades estratégicas o con importancia vital para los servicios a la población, como la salud pública, la educación y la seguridad social. No obstante, la producción que no brinde beneficios y continúe siendo un saco roto, necesitada de constantes subvenciones estatales, es inconveniente para el interés social, y debe ser privatizada o realmente cooperativizada.
La experiencia ha demostrado que la propiedad privada, a la vez que brinda ganancias a los ciudadanos emprendedores, genera beneficios para la sociedad, e incluso cuida mejor los recursos naturales como confirma la práctica cubana, donde el mal laboreo de las tierras por las entidades estatales durante décadas las ha degradado. Por ello, la propiedad privada debe verse como herramienta vital para el desarrollo y en un contexto social donde prime el orden y la racionalidad puede constituir un activo factor para la edificación de un modelo social donde todos los ciudadanos tengan la oportunidad de mejorar sus vidas.
