Puente aéreo contra el bloqueo del español

Parecido al de provisiones en el Berlín occidental de 1948, un bloqueo, este de tipo educativo, asfixia al español en Cataluña y Baleares. El modelo de inmersión lingüística y la desobediencia de las resoluciones judiciales que certifican su ilegalidad, tal y como ese modelo está concebido, han creado un cierre nacionalista de fronteras en la enseñanza para aquellas familias que desean escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado. Mirando por que no continúe el desabastecimiento de un castellano vehicular, el ministro Wert ha planteado que se establezcan convenios con centros privados de aquellas comunidades y se garantice así un derecho hasta ahora desatendido. Es decir, desde Madrid se fletarían unos cuantos C-47 cargados de subvenciones que aterrizarían en un Tempelhof de colegios con bilingüismo de verdad.

La medida ya ha causado reacciones adversas, y más por ser su heraldo Wert, el miembro bienquisto del gabinete. La crítica del catalanismo ya se sabe por dónde va. Lo de todos los días. La izquierda, por su parte —con más o menos tintura también catalanista, según sectores—, denuncia la proclividad de este Gobierno a favorecer siempre, de un modo u otro, a la escuela privada en detrimento de la pública. Aquí el caso es tan concreto, tan particular, que no debería considerarse un canto más extraído de la misma cantera. El motivo de este posible concierto no tiene nada que ver con elitismos, dádivas a grupos religiosos, segregaciones varias ni ese tipo de razones que suele aducirse con enojo muy grande. Se trata de algo tan poco elitista, tan laico y tan integrador como permitir que estudie en español quien quiera, sin que importe su nivel de renta. Alguna instancia gubernamental tenía que encargarse de romper el bloqueo de una vez.

No obstante, de entre todas las críticas que ha suscitado la propuesta de Wert, la más enjundiosa y digna de consideración es aquella que, sin partir de ningún apriorismo político, la tacha de apaño poco satisfactorio. Por supuesto, lo ideal sería que se hiciese cumplir la ley, que se obligara a aplicar las sentencias de los tribunales, que se acabara con el asunto de raíz. Pero mientras eso no suceda, ¿hay que resignarse a la inacción? Al respecto, también se señala cómo una medida parcial de este tipo puede favorecer precisamente esa misma inacción, porque perpetuará el estatus vigente de autonomías insumisas ante los requerimientos legales. Y además, no tiene sentido pagar un coste económico adicional por el ejercicio de un derecho que debería garantizarse sin pagar peajes. Todo eso puede ser muy cierto y muy indignante, máxime cuando lo que hay es un empeño cerril —nada que ver con problemas logísticos ni financieros— en que el problema se perpetúe.

Puestas a preferir, las potencias occidentales de 1948 seguramente hubiesen preferido una URSS menos férrea, o, mejor aún, inexistente. Como la realidad era la que era, el bloque de naciones libres acabó estableciendo un puente aéreo para burlar el bloqueo sobre el Berlín no comunista. Puestos a preferir, los ciudadanos que todavía creemos en España como nación de todos hubiésemos preferido unos nacionalismos menos férreos, o, mejor aún, inexistentes. Como la realidad es la que es, considero un mal menor que se destine una parte de mis impuestos a fletar subvenciones para que el español aterrice allá donde los fanáticos de lo suyo pretenden que no llegue. Hay una débil esperanza a largo plazo: la URSS acabó desapareciendo.

 
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