Los controladores no dan votos
El Ministro de Fomento José Blanco, ha dado un puñetazo en la mesa de los controladores y por Decreto Ley ha decidido modificar la regulación de su trabajo y salario. Ha sido una decisión rápida, ejecutada con precisión que será llevada al Congreso para su convalidación en muy breve plazo.
Sinceramente, me gustaría ver esa contundencia, esa claridad de ideas, esa capacidad de actuación con respecto a tantos y tantos problemas que acucian a nuestro desamparado país. Pero claro, los controladores no dan votos. Por eso se atreven con ellos y no se atreven por ejemplo, con la Generalidad de Cataluña, que acaba de aprobar, ante la indiferencia general, una llamada «ley de Veguerías» que pretende modificar unilateralmente la distribución administrativa de cuatro provincias españolas, saltándose flagrantemente varios artículos de la Constitución.
Para un profano en leyes, no hace falta saber cuales son los artículos o normas legales concretas que regulan el modo en que se podrían efectuar modificaciones de este calado. Es una cuestión de puro sentido común. Sí cada comunidad autónoma puede, a su antojo, vaciar de competencias a las Diputaciones, redistribuir en comarcas su demarcación territorial o cualquier otra cosa que se les ocurra, esto ya es peor que el mas decadente reino de Taífas que haya habido jamás.
Pero lo preocupante no es solo que el gobierno del «catalanista-federalista» Montilla, como él mismo se define, trate de avanzar en su proceso de segregación de España. Lo realmente alarmante es la apatía absoluta de aquellos que se lo han de impedir, de los que han de velar para que los representantes públicos que ostentan el poder en cualquier estamento, cumplan la ley. La sensación, muy real por cierto, que llega a los ciudadanos es que según de quién proceda el órdago, la provocación o la ilegalidad, se actúa o no. Cuando hay votos de por medio, la ley se convierte en papel mojado y la aplicación de la Justicia en una ilusoria quimera. Lo principal es el poder, a cualquier precio, aunque por el camino se dejen jirones de integridad territorial, de cohesión, de solidaridad, de coherencia, incluso de pragmatismo.
Los españoles no queremos un país fragmentado, dividido en pequeños feudos con sus caudillos correspondientes ejerciendo un poder de miras cortas. No queremos fronteras que nos troceen, que nos hagan insignificantes, cada uno en nuestro pequeño y excluyente universo, pero...para gobernar en Madrid, el PSOE necesita los votos de los socialistas catalanes y los socialistas catalanes se han entregado a los independentistas que les exigen radicalidad para permitirles gobernar. Y así, grupos minoritarios marcan la ruta y condicionan el devenir político de todo un país.
Quizás es un tanto iluso lo que voy a expresar a continuación, pero creo sinceramente que la honestidad es rentable y que sí los grandes partidos se decidieran de una vez a defender los pilares esenciales que sustentan a cualquier Nación e hicieran frente al chantaje de los minoritarios, recibirían los votos por añadidura. Sin embargo, en lugar de eso, nos encontramos con que el Congreso aprueba un Estatuto de Autonomía cuya inconstitucionalidad es evidente y con un inexplicable y escandaloso retraso -motivado por presiones políticas- en una resolución esencial del Tribunal Constitucional de la que depende el futuro de España y cuya demora es causa directa de los desmanes del tripartito. Todo por unos votos cada vez más exiguos y desilusionados.
Nuestros políticos tendrían que preguntarse por qué cada vez más personas se abstienen de votar en elecciones o referendums. Puede que el resultado de una consulta en la que participa menos del cincuenta por ciento de los ciudadanos sea legal, pero su legitimidad moral es mas que cuestionable y el argumento de que es la voluntad del pueblo no se sostiene cuando el 69,61 por ciento de los votantes o se han abstenido o han votado en contra, como es el caso del recurrido Estatuto de Cataluña.
