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Aborto y derecho a la vida (II)

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El primer argumento que se ha usado para criticar la ley de Gallardón es que es una ley que “vuelve al pasado” y que “restringe derechos y libertades” de las mujeres.

Un artículo de...

Nicolás Zambrana
Nicolás Zambrana

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A este respecto, en primer lugar, me gustaría decir que una ley no es mala o injusta porque sea antigua, ni es buena porque pertenezca al presente o sea una “futura” ley. Pretender lo contrario es conservar una visión del progreso constante de la humanidad que, además de ser, ella misma, una visión “antigua”, ha sido desmentida desde la filosofía y desde que el ser humano contempló los desastres del “civilizado” siglo XX. Los autoritarismos y genocidios de los años treinta también se trataron de justificar sobre la base de que la agitadísima democracia parlamentaria europea de esas décadas había fracasado y era algo del pasado, por lo que había que dejar paso a nuevas ideologías que, por supuesto trajeron millones de muertos. Criticar una norma por pertenecer al pasado es por ello juzgar el pasado en bloque, sin ningún matiz.

También se ha llegado a decir directamente que la ley de Gallardón ha sido dictada por la Iglesia o que es una ley fundamentada en principios religiosos y no en lo que quiere la mayoría de los ciudadanos. En primer lugar, una Iglesia, sea la católica o cualquier otra, tiene el mismo derecho que cualquier otra asociación a tratar de influir en la política y en la sociedad. Si nadie se extrañaría de que una asociación para la defensa del lince ibérico tratara de hablar con el Ministro de Justicia, en la fase de preparación, por éste, de una ley para la protección del lince ibérico, tampoco puede extrañar que la Iglesia se interese por el futuro de millones de embriones y fetos.

En cuanto a los principios religiosos que supuestamente inspiran la ley, estoy de acuerdo en que al discutir una norma jurídica entre creyentes y no creyentes, estos no tienen por qué admitir como válidos argumentos basados en creencias sobrenaturales. Sin embargo, el pretendido mandamiento del “no matarás” es tanto una norma religiosa como una norma ética, que se puede defender desde multitud de puntos de vista, meramente racionales.

Finalmente, acerca de la inoportunidad de la ley, se dice que la mayor parte de los ciudadanos están a favor del aborto o, al menos, no han pedido la reforma de la anterior ley, que lo consideraba como un derecho. Incluso si esta supuesta mayoría de ciudadanos fuera real, en una democracia representativa como la nuestra, ni los gobernantes ni los parlamentarios están atados por su programa electoral (que en este caso parecía favorable a la protección del no-nacido) ni por las encuestas. Si los ciudadanos no están de acuerdo con las leyes aprobadas por un Gobierno o un Parlamento determinados, no tienen más que elegir otro Gobierno y otro Parlamento que deshaga lo que el primero hizo.

También se está utilizando con frecuencia la coletilla de que “no se puede obligar a la mujer a ser madre”, para convencer de la ilegitimidad de las posturas restrictivas del aborto. Este eslogan, con dicha finalidad, no tiene ningún sentido. Si la palabra madre quiere hacer referencia a una mujer que tiene un hijo, entonces la mujer que se plantea tener un aborto ya es madre, pues lleva dentro de sí un embrión o un feto, y si éste es un ser humano, entonces ya es su hijo. Por otro lado, salvo en el terrible y extremadamente raro caso de embarazo por violación, la mujer tiene de hecho la posibilidad de no concebir un nuevo ser humano a través de los métodos anticonceptivos naturales o artificiales, incluso sin contar con la aquiescencia del futuro padre, por lo que hay muchas maneras menos agresivas de impedir que una mujer sea madre, si no quiere serlo.

Por último, el embarazo producido por una violación es tan infrecuente que apenas tiene relevancia estadística y se legisla sobre él con el único propósito de atraer simpatías sobre el aborto. En España, en 1996, de los abortos en los que se utilizó el supuesto de violación como justificación, sólo hubo 1 por cada 5.000. En 2007, hubo sólo un aborto por violación por cada 11.214 abortos (www.http://aborto.cc/argumentos-contra-el-aborto.html). Es muy difícil que una mujer quede embarazada tras una violación, porque, en muchos casos, el violador padece diversas disfunciones que le impiden completar el acto sexual. Además, la mujer víctima puede también estar sometida a una situación de infertilidad temporal debido a la situación de stress provocada por la violación. Además, la cruda realidad es que cuando se mata al hijo por lo que ha hecho el padre, se está castigando a la persona equivocada.

Alegar que “no se puede obligar a nadie a ser madre” es como esgrimir que “no se puede obligar a nadie a morirse de hambre” como argumento para despenalizar el hurto. Es perfectamente legítimo luchar por la despenalización del hurto para convertirlo, por ejemplo, en un ilícito administrativo, sólo castigable con multas, pero los argumentos para ello han de ser necesariamente otros, aunque no tengan la carga emotiva tan fuerte del argumento planteado. De otro modo, alguien podría querer usar argumentos del tipo de “nadie me puede obligar a morir de cáncer de pulmón”, para que se prohibiera el tabaco; o “nadie me puede obligar a padecer la especulación financiera” para intentar que se ilegalice la banca. Si no quieres morir de cáncer de pulmón, sólo tienes que dejar de fumar y si no quieres que te engañen los bancos, mete tu dinero en un calcetín.

En mi opinión, legislar sobre el aborto es extremadamente complicado, sobre todo cuando hoy en día se cometen millones de abortos cada año, en todo el mundo. En este sentido, cuando el legislador se plantea prohibir o permitir el tráfico o consumo de drogas, se enfrenta a muchas decisiones difíciles de todo tipo, sobre todo cuando en ese momento se consume mucha droga y se trafica con mucha droga, no sólo en el país del legislador, sino en todo el planeta. Además, el Estado que legisla sobre el aborto está ante la sorprendente tarea de regular una actividad que considera delito, en ocasiones, pero en la que él es cómplice casi siempre, pues muchos abortos se realizan en la Seguridad Social o en clínicas debidamente autorizadas por la Administración pública. Estamos casi en el mismo caso del tabaco: el Estado afirma que es muy perjudicial para la salud, pero al mismo tiempo se lucra enormemente con su venta.

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