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Contradicciones políticas ante la represión de la violencia

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La Asamblea nacional francesa acaba de aprobar en primera lectura un proyecto de ley antiterrorista muy duro, calificado por algunos diputados de la oposición nada menos que de liberticida.

Un artículo de...

Salvador Bernal
Salvador Bernal

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Refleja el miedo de una sociedad dispuesta a renunciar a derechos básicos a cambio de seguridad. También en Estados Unidos, especialmente desde el 11-S, se incrementaron hasta extremos insólitos los controles de seguridad en tantos aspectos de la vida cotidiana, sobre todo, viajes aéreos y aduanas. Y se promulgan nuevos decretos presidenciales contra la concesión de visados a nacionales de diversos países, no necesariamente islamistas.

En cambio, no parece que Donald Trump ni la mayoría de congresistas estén dispuestos a reformar las leyes vigentes sobre el uso privado de armas de fuego, a pesar del estupor causado por la matanza de Las Vegas, la mayor de ese estilo en la historia de Estados Unidos. "No vamos a hablar de eso hoy", dijo el presidente a los periodistas el miércoles pasado. Y el líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, subrayó que era prematuro plantear soluciones legislativas, si es que las hay...

¿Cuánto tiempo deben esperar los estadounidenses hasta que el Congreso se ocupe de las leyes sobre armas?, se pregunta el New York Times en un editorial del 5 de octubre, reflejo de un clima de opinión cada vez más extendido. Recuerda el debate sin conclusiones suscitado hace un año, cuando otro loco mató a tiros a 49 personas en un club nocturno de Orlando.

La masacre del 1 de octubre tiene rasgos específicos, que suponen un distanciamiento radical respecto de los argumentos clásicos que justifican las leyes vigentes. No se pueden repetir –ni por los republicanos ni por el lobby del rifle-, porque lo sucedido nada tiene que ver con la legítima defensa del ciudadano ante agresiones injustas: el asesino utilizó un arma semiautomática, a la que había añadido un dispositivo –llamado bump stock- para acelerar la frecuencia de fuego. “No conozco a ningún cazador que necesite reajustar su arma para disparar cientos de tiros por minuto”, dijo la Senadora demócrata de Missouri Claire McCaskill: “es para matar gente”.

Hasta la Asociación del Rifle ha reconocido que ese tipo de dispositivo debería estar sujeto a “regulaciones adicionales”. Pero, a la vez, insiste en que las licencias concedidas por un Estado en materia de armas deben ser válidas en cualquier otro, sin necesidad de más requisitos administrativos. En todo caso, seguirá luchando por la vigencia de la segunda enmienda, que garantiza el derecho a portar armas. Las limitaciones generales de la libertad, a su entender, no impedirán actos criminales cometidos por locos.

Ante la magnitud de la tragedia de Las Vegas, los representantes republicanos parecen dispuestos a reabrir el debate, pero sin cuestionar el derecho constitucional, establecido formalmente a finales del siglo XVIII. De hecho, aunque no es fácil disponer de estadísticas plenamente fiables, se estima que en Estados Unidos coincide el número de armas privadas con el de habitantes de la Unión.

Desde luego, contrasta esta defensa a ultranza de la libertad individual con las fortísimas restricciones admitidas en la lucha contra el terrorismo, también en América. Paradójicamente, han subido en las bolsas las acciones de las empresas fabricantes de armas: el temor a que se establezcan nuevos controles provoca a corto plazo un aumento de ventas...

El miedo al terrorismo, en cambio, opera en sentido contrario, como acaba de comprobarse en Francia. La amenaza terrorista es demasiado real, y los ciudadanos prefieren la seguridad a la libertad: bastante pensar en el resultado de las votaciones en la Asamblea Nacional: 415 votos a favor contra 127 y 19 abstenciones. Y no parece que, en este campo, el Senado vaya a ser un contrapunto, aunque Macron no tenga mayoría... Pero no deja de ser incongruente que un país ligado históricamente a los derechos humanos, caiga en la contradicción de normalizar el estado de excepción, ampliando competencias gubernativas sin control judicial previo.

En parte, se trata de manifestaciones de la popular ley del embudo. Por eso, nunca se insistirá bastante en la necesidad de recuperar la máxima racionalidad jurídica, como criterio inspirador de la ley –ordinatio rationis-, más allá del voluntarismo, tantas veces impuesto por exigencias de lo emotivamente correcto.

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