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Tribuna libre

Crece la presión para legalizar las drogas en las Américas

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No deja de ser una paradoja ética de nuestra sociedad: la guerra abierta contra el tabaco coincide con la proliferación de intentos para dar un cauce jurídico al tráfico de estupefacientes.

No deja de ser una paradoja ética de nuestra sociedad: la guerra abierta contra el tabaco coincide con la proliferación de intentos para dar un cauce jurídico al tráfico de estupefacientes. Como si su consumo no tuviera efectos más negativos.

Ciertamente, es preciso justificar por qué el Estado interviene en tantos asuntos que limitan la libertad personal, aunque sea para proteger al ciudadano de errores o accidentes. Se le obliga a llevar un cinturón en el coche –donde no puede usar el teléfono móvil‑ o un casco en vehículos de dos ruedas. En la Comunidad de Madrid, de gobierno supuestamente liberal, se le prohíbe ir en bicicleta de montaña por sendas distintas de las amplias pistas forestales (justamente donde pueden lesionar a caminantes distraídos con el paisaje)... Razones hay para respetar la libertad del ciudadano, sin "protegerle" como si fuera menor, excepción hecha –lo digo con ironía‑ del comportamiento sexual.

Pero la presión para legalizar las drogas discurre quizá por otros derroteros. Se quiere evitar los daños derivados de la criminalidad del narcotráfico, sin asomarse a las causas de la adicción: al no abordarlas, se desea sólo sortear algunas de las nefastas consecuencias de una de las plagas de un siglo en el que cayó de bruces el mito del progreso perenne e irreversible.

En algunos casos, como hace meses en California, se justificaba la posible legalización con la esperanza de nutrir las maltrechas arcas del Estado, como sucede con los pingües ingresos procedentes del tabaco: tanto, que provocan el estraperlo, como se lamentaba Bruselas a comienzos de mes, al presentar un plan para intensificar la lucha contra el contrabando de cigarrillos; la Comisión estima que, cada año, ese tráfico ilícito priva a los Estados miembros de la UE de unos diez mil millones de euros en tasas o impuestos.

De nuevo, la Cumbre de las Américas se ha visto alucinada por la presión de las tesis permisivistas, incluida la propuesta radical de una ONG como Human Rights Watch: la represión penal del consumo de drogas atentaría "contra derechos humanos fundamentales". Por esos días, se publicaba un artículo favorable a la regulación del narcotráfico, para luchar contra la violencia y la corrupción: lo firmaban, entre otros, varios expresidentes americanos. Los líderes no saben qué hacer, pues fracasan las medidas represivas y crece el narcotráfico, con su cortejo de extorsiones, corrupción y muerte. Pero ¿acaso no mata la droga? ¿Legalizarla, para luchar luego contra el consumo con imágenes espeluznantes? ¿Acaso dejarán de ser corruptos los ciudadanos y los funcionarios que cultivan la criminalidad?

En La Antigua, Guatemala, se ha reabierto el problema, planteado hace un año en Cartagena de Indias. Y se ha llegado a un acuerdo, aunque sea sólo a modo de admisión a trámite: compromiso de seguir discutiendo la cuestión de la "regulación de mercados" (eufemismo que elude el uso de términos como "legalización" o "despenalización"). La victoria corresponde al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina: dos organismos de la OEA estarán atentos a las ideas y experiencias de los países miembros en materia de control de la demanda y de sanidad, y se convocará una cumbre extraordinaria monográfica en 2014.

Entretanto, Francia, uno de los países hasta ahora más severos, ha dado un paso favorable hacia el llamado "cannabis terapéutico": el 8 de junio entró en vigor un decreto, que permitirá a la Agencia del medicamento autorizar la comercialización de productos que contienen derivados de esa sustancia: podrán ser utilizados como complemento a terapias contra el dolor o para favorecer el apetito en pacientes de cáncer o sida. Aunque ya exista ese tipo de medicamentos en otros países, muchos médicos franceses piensan que hay fármacos más indicados y, sobre todo, temen que sea camino hacia la despenalización.

La cuestión eludida sigue siendo la causa del deterioro social que precede al consumo. Ni la mera búsqueda del placer ni el crecimiento económico aportan en sí un mayor bienestar. Como recuerda el Papa Francisco a David Cameron, con motivo de la cumbre del G8, es necesario asegurarse de que toda la actividad política y económica, sea nacional o internacional, haga referencia al hombre": porque la ética es un elemento irrenunciable de toda acción de gobierno.

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