Domingo 17/12/2017. Actualizado 01:00h

  • this image alt

elconfidencialdigital.com elconfidencialdigital.com

La web de las personas informadas que desean estar más informadas

·Publicidad·

Tribuna libre

Defensa del Estado de derecho frente al terrorismo fundamentalista

    • Facebook (Me gusta)
    • Tweetea!
    • Google Plus One
  • Compartir:

A finales de agosto, el presidente Emmanuel Macron hizo su primer gran discurso de política exterior ante los diplomáticos franceses.

Un artículo de...

Salvador Bernal
Salvador Bernal

Más artículos de Salvador Bernal »

Les presentó como eje central la lucha contra el terrorismo, dentro de la recuperación del rango de Francia en el mundo con el sentido de la independencia marcado en su día por el general De Gaulle. El gran enemigo de la República sería el Estado Islámico: en consecuencia, la recuperación de la paz y la estabilidad en Irak y Siria constituía una “prioridad vital para Francia”. De ahí la asunción en el Elíseo de una especie de task force anti-Daesh.

No será fácil lograr ese objetivo, pues para Macron no hay un sucesor legítimo del presidente Bachar Al Assad, y la recuperación del Estado de derecho en Siria debería ir de la mano de “la justicia para los crímenes cometidos, especialmente por los líderes". Tampoco se ve clara la postura respecto de Libia, porque refleja cierto continuismo con sus predecesores, que forzaron la caída de Gadafi, al margen de la ONU. Algo semejante sucede respecto del Sahel, donde Francia tiene cierta responsabilidad histórica para apoyar las medidas destinadas al desarrollo y la seguridad de la región.

El pragmatismo de Macron le lleva a no decantarse, a diferencia del presidente Trump, entre la sunita Arabia saudí y el chiíta Irán, mutuamente acusados de financiar el terrorismo islamista universal. Francia sigue creyendo en el acuerdo alcanzado con Teherán en materia nuclear, cuando la postura de Estados Unidos no acaba de aclararse, y Rusia sigue marcando el terreno en función de sus intereses.

De modo análogo, en el plano doméstico, Macron no parece llegar al Elíseo con ideas renovadoras. Desde luego, es difícil innovar en la actual lucha de la democracia para someter la barbarie del terrorismo a la racionalidad jurídica consolidada en occidente. Tras los gravísimos atentados de los dos últimos años, el presidente François Hollande decretó un estado de excepción peculiar, que concede demasiados poderes a la policía y a las autoridades gubernativas, en detrimento de los jueces. Ese régimen fue prorrogado semestre a semestre por la Asamblea Nacional, que interpretaba así la voluntad popular, más preocupada en esas circunstancias por su seguridad que por las libertades.

El Presidente de la República afirmó el 3 de julio, ante el parlamento francés reunido en Congreso, que restablecería las libertades de los ciudadanos en otoño, porque son condición para la existencia de una democracia fuerte. El estado de urgencia está prorrogado hasta el 1 de noviembre. El gobierno quiere que, para entonces, rija una nueva ley, aprobada por el Senado en julio y en trámite dentro de la Asamblea Nacional. Lo grave es que su texto incorpora al derecho común la mayor parte de las normas del estado de excepción. Por tanto, debilita el Estado de derecho y la propia democracia, haciendo el juego a los violentos.

Francia –con España y el Reino Unido- es uno de los principales objetivos de la violencia yihadista. El peligro se agrava con las derrotas que está sufriendo el Estado Islámico en Siria e Irak. Los ciudadanos perciben la inseguridad, y los gobiernos sienten la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Pero el fin no puede justificar los medios, tampoco en la lucha contra el terrorismo. Como escribía Le Monde, en su editorial del 14 de septiembre, el imperativo de la seguridad no puede llevar a una limitación de las libertades individuales, "ADN de una democracia".

La amenaza yihadista no cesa, como acaba de mostrar también el atentado del metro de Londres. Los gobiernos democráticos no pueden bajar la guardia, pero no a costa de las libertades. La vigilancia afecta más al mejoramiento de la cooperación ciudadana previa y, sobre todo, a los servicios de información, para prevenir y atajar acciones violentas, sin necesidad de reducir garantías al conjunto de la población.

·Publicidad·
·Publicidad·
·Publicidad·
·Publicidad·
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
·Publicidad·
·Publicidad·
·Publicidad·