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Dificultades para la libertad de expresión en Europa

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Un proyecto de ley en Italia contra la homofobia y el caso de un humorista antisemita en Francia hacen temer un retroceso de las libertades.

Un artículo de...

Salvador Bernal
Salvador Bernal

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            Un proyecto de ley en Italia contra la homofobia y el caso de un humorista antisemita en Francia hacen temer un retroceso de las libertades, como consecuencia de la imposición jurídica de criterios por parte de minorías cada vez más poderosas.

            Muchas veces he escrito que no hay derechos humanos absolutos, ni siquiera el derecho a la vida. Ciertamente, también en la hasta hace poco ilimitada libertad de expresión, se producen supuestos rechazables, porque afectan a otros derechos merecedores de protección, como la intimidad o la buena fama. Pero, como repitió hasta la saciedad Antonio Fontán, la recta opinión pública se asegura con leyes penales comunes, no con normas especiales.

            La opresión de las minorías puede llegar a ser insoportable. Es lo que temen muchos italianos con el proyecto sobre la penalización de la homofobia. De hecho, podría suponer una inversión de la carga de la prueba contra la presunción de inocencia: ante cualquier oposición a derechos reales o supuestos del movimiento pansexualista, la invocación de la homofobia –como la de otra violencia de género‑ llevaría a los jueces a aplicar medidas cautelares de todo punto injustas. Porque el ordenamiento jurídico occidental no debería amparar la tipificación de nuevos delitos de opinión, en sentido contrario a los antiguos: ¿acaso un ciudadano no tiene derecho a manifestarse en contra de la asimilación al matrimonio de otro tipo de uniones afectivas? Pasaríamos sin darnos cuenta del “todo vale” a la excepción irracional.

            Por ahí iba la inspiración de la demostración en Roma, el 11 de enero, inspirada en la “Manif por tous” francesa, para protestar contra ese proyecto de ley. Los organizadores salían a la calle por entender que, si la norma va adelante, nunca más podrán declararse contrarios a las bodas gay o a la adopción por parejas homosexuales.

            Se comprende también el enfado de grupos católicos franceses que han visto la impunidad del movimiento de origen ucraniano Femen, que profanó la famosa iglesia de la Madeleine en París unos días antes de Navidad. La sanción penal rusa de las cantantes del grupo musical Pussy Riot, ante su provocación contra Putin en la catedral del Salvador de Moscú, fue desproporcionada para la mentalidad occidental. Pero no parece lógico aceptar que una feminista interrumpa la celebración de la misa, el pecho desnudo, remedando un aborto sobre el altar con un trozo de carne en la mano, con el objetivo de “anular la Navidad”. La libertad de expresión no puede incluir conductas que insultan a millones de ciudadanos, que viven pacíficamente su fe cristiana.

            El silencio oficial ante ese tipo de provocación contrasta con la prohibición del ministro del Interior a las controvertidas actuaciones del humorista de origen camerunés Dieudonné M'bala M'bala. Mucho se publica en el país vecino sobre este caso: el último evento ha sido el recurso ante el Consejo de Estado (a modo de Tribunal Supremo administrativo) contra la decisión de los jueces de Nantes, que consideraron contrario a la libertad de expresión suspender el show anunciado en esa ciudad, reiterativo probablemente del que se ofreció durante meses en París y luego en otras ciudades francesas.

            Con una sorpresa rayana en la incredulidad, el Consejo de Estado admitió el recurso gubernativo en menos de 24 horas: todo un record jurídico. En Francia no se da la desesperante lentitud jurídica que sufrimos en España, pero una celeridad de ese porte resulta sospechosa de prejuicios. En términos moderados, pero con cierta contundencia, lo insinúa el editorial de Le Monde del 12 de enero. Muchas de las razones invocadas no se sostienen en el plano jurídico, porque las actuaciones del cómico llevan meses en escena, con alguna sanción a posteriori, pero sin llegar a la censura previa.

            En los shows del humorista hay elementos reprobables. Pero esto debe juzgarlo un tribunal penal, no una instancia administrativa: en este caso, además, aplicando la circular del ministro del Interior a los prefectos. No parece conforme con el ordenamiento –salvo en la Rusia de Putin‑ gobernar mediante ukases. Pero la presión de algunos grupos es determinante, y sin duda negativa para una libertad tan básica como la de expresión. Cosa muy distinta es la aplicación de las leyes penales por jueces independientes e imparciales.

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