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Egipto entre la anarquía y la dictadura

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No es fácil precisar quiénes están ahora en la calle, porque no necesariamente coinciden con los de la etapa anterior, como se informa desde El Cairo para Occidente.

Las manifestaciones masivas y las muestras de violencia en Egipto durante la última semana recuerdan el movimiento revolucionario de hace dos años, que cerró el período presidido por Hosni Mubarak.

Pero no es fácil precisar quiénes están ahora en la calle, porque no necesariamente coinciden con los de la etapa anterior, como se informa desde El Cairo para Occidente. Según The Washington Post, las calles no habrían sido tomadas por personas opuestas a una dictadura, sino por pandillas de hooligans enojados e inquietos, junto con los restos de las fuerzas de seguridad del antiguo régimen, una policía brutal y corrupta que no reconoce otra autoridad que a sí misma. En el fondo, como declaró el ministro de defensa, no está en juego el derrocamiento de un régimen, sino el colapso del Estado en la anarquía.

El presidente Mohamed Morsi ha viajado a Occidente, porque necesita la cooperación económica internacional para sacar al país de un caos creciente, en parte ligado a la pobreza y a la falta de trabajo. En Berlín, el 30 de enero, se mostró confiado y habló de que Egipto "está a punto de llegar a una sana gobernanza y convertirse en un Estado de derecho". Pero, en realidad, a pesar de su relativa popularidad, basada también en la victoria –por exigua mayoría‑ en las elecciones de junio de 2012, su partido Libertad Justicia, apoyado por los Hermanos Musulmanes, ha contribuido a fomentar el descontento mediante medidas que recuerdan demasiado al régimen de Hosni Mubarak.

Mientras buena parte de la oposición no acepta las reglas de juego impuestas por Morsi –se le reprocha que se comporte más como representante de los Hermanos Musulmanes que como "padre de la nación"‑, el ejército puede recuperar su papel central en la vida egipcia, con la excusa del restablecimiento de un maltrecho orden público. El 29 de enero, el general Abdel Fattah Al-Sissi lanzaba un grito de alarma: la actual crisis política puede conducir al desmoronamiento del Estado.

Desde luego, las autoridades militares cuentan con la confianza de Estados Unidos, como se comprobó esta última semana en el Senado: rechazó con amplia mayoría una enmienda presentada por un senador republicano para detener la venta a Egipto de aviones F-16 y carros Abrams. El gobierno de Obama insiste en que se debe enviar el armamento, a pesar de las medidas represivas del presidente Morsi y de sus declaraciones contra Israel.

Pero lo cierto es que, tras la muy discutida actuación policial durante los últimos disturbios, el ministro del interior, Mohamed Ibrahim, ha tenido que "poner su cargo a disposición del pueblo egipcio". De todos modos, insiste en el patriotismo de las fuerzas de seguridad, y lanza cierta amenaza a través de un diario de El Cairo: "Si el Ministerio cayera, el país sería un campo abierto para los milicianos".

A pesar de la posición dialogante de ElBaradei, el Frente de Salvación Nacional, la principal alianza de oposición no islamista, rechaza cualquier tipo de conversación mientras no cese "el derramamiento de sangre". Insistirá en protestas pacíficas para conseguir derrocar el "régimen autoritario" de Mursi –derogación de los decretos presidenciales de noviembre‑, y acabar con la hegemonía de los Hermanos Musulmanes.

En cambio, el partido salafista (Al Nur) acepta a Mursi y renuncia a repetir las elecciones presidenciales, aunque considera necesario reformar diversos artículos de la Constitución. Se espera que el Tribunal Constitucional egipcio rechazase los recursos presentados para decretar la nulidad de la asamblea que redactó la carta magna en litigio. Pero acaba de retrasar su decisión hasta comienzos de marzo.

Todos –poder y oposición‑ rechazan la espiral de la violencia. La universidad sunita Al Azhar promovió una reunión con los líderes de los principales grupos. A su término, se firmó una declaración que denuncia "toda incitación a la violencia", y subraya "la responsabilidad del Estado y de sus fuerzas de seguridad" en materia de protección de los ciudadanos y de sus legítimos derechos. Entretanto, a falta de una estrategia convincente por parte del presidente egipcio, se derrumba el turismo y la inversión extranjera: la quiebra económica y la quiebra política van de la mano, como suele suceder en tiempos de inestabilidad.

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