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Nada es gratis. Ni aquello que se entrega por caridad lo es: hay siempre un retorno moral detrás.Esa extendida creencia de que los billetes caen de las hojas de los árboles ha calado en muchas personas, convencidas de que los servicios públicos no precisan de dinero, porque se mantienen por sí mismos.

Un artículo de...

Javier Junceda
Javier Junceda

Jurista

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            Cuando se trata de ofertas privadas que anuncian algo gratis, todos recelamos. El gato encerrado en la letra pequeña nos ha convertido en auténticos especialistas en estos camelos, que incluyen innumerables variedades: desde el viaje gratuito en que te acaban colocando un completo juego de menaje de hogar con su cubertería, hasta el regalo envenenado de una Smart Tv que conduce a la firma de un contrato financiero con cláusulas abusivas, pasando por esa asesoría en la que la primera cita no se abona, pero las actuaciones posteriores te llevan al pozo tanto en términos económicos como profesionales.

             Este exquisito cuidado que ponemos para evitar que nos la claven en el ámbito de los negocios lo abandonamos cuando se trata de cuestiones que guardan relación con lo público. No solamente aceptamos con regocijo el gratis total en esos terrenos, sino que abusamos sin rubor de él e incluso nos ponemos como fieras cuando alguien asoma con intención de amenazarlo, porque en esta materia no existen los límites: debe gastarse sin tasa si no se desea ingresar en el abominable gremio de los austericidas.

            La percepción de que detrás del todo gratis en lo público no hay recursos que salen del bolsillo de una determinada familia está muy generalizada. Esa ficción convierte a cualquier tentativa de moderar los presupuestos en materia de alto riesgo, en especial en el terreno político. No logro encontrar a nadie que se aventure a manifestar que todo tiene un precio, obviedad que se tiende a ocultar para no ser objeto de censura en la actual dictadura de la corrección política, que hoy tiene en la turba tuitera a su más despiadado ejército, por no decir manada.  

            No hay forma de hacer comprender que esas prestaciones públicas nos cuestan un riñón y parte del otro, que de algún lado se habrán de obtener. Y ese lado ni puede ser el endeudamiento permanente ni las ayudas de terceros, sino los sudores fiscales de los contribuyentes, siempre que estos resulten propicios para que puedan seguir produciendo y se recaude más, que es para lo que en todos sitios sirve la rebaja impositiva, además de la lucha complementaria contra el fraude tributario.

            Junto con estas evidentes medidas, no obstante, debiera también existir un consenso acerca de las dimensiones del aparato público que pueda soportar cualquier nación, a partir de los datos objetivos sobre sus fuentes de riqueza y su estructura socioeconómica en el contexto internacional. Los colectivos verdaderamente vulnerables han de seguir siendo la prioridad, pero acaso deba reflexionarse acerca del régimen prestacional gratuito que se extienda a toda la restante población, algo que es, inequívocamente, insostenible incluso para las naciones más prósperas del planeta.


Javier Junceda.

Jurista.



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