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Tribuna libre

Hacen falta más soluciones contra el incremento de la ciberdelincuencia

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La Europa del sur sigue siendo apasionada. No deja de crecer la inquietud social, no sólo política, contra violencias y crímenes relacionados con el sexo.

Un artículo de...

Salvador Bernal
Salvador Bernal

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Lo tremendo es que esa preocupación aumenta sin que las medidas jurídicas para atajarlos den resultados convincentes: quizá porque los miedos y las conductas ilícitas tienen raíces culturales más comunes de lo que suele reconocerse.

En todo caso, me seguiré oponiendo a leyes, fiscalías y jurisdicciones especiales, que –aparte de su posible injusticia de raíz- denotan una para mí evidente ineficiencia. Veremos qué pasa con la norma aprobada en Francia para intentar poner coto a las llamadas fake news, no con carácter general, sino en periodos de campañas y elecciones. Mi hipótesis es que resultará una de tantas leyes inútiles: sólo auténticos cambios en los paradigmas culturales de una sociedad en crisis contribuirán a la valoración de la veracidad.

Me admira que un gran periódico español –actualmente empeñado en recuperar su condición de referencia- afirme que es preciso formar a los jueces en materia de violencia de género. No sé qué habrá pasado en las aulas de las Facultades de Derecho desde que las dejé hace tantos años, pero en la parte especial de Penal estudiábamos más que suficiente para entender lo que entonces se llamaban crímenes pasionales. La realidad social ha cambiado, sí; pero menos que las sucesivas reformas legales, de nuevo necesitadas de perfiles, aun sin caer en el “populismo penal” que denosta y enaltece a la vez el diario mencionado: ¿acaso sabrán más de eso los abogados del Estado que se personarían en el futuro en los casos judiciales de violencia de género? El problema social es demasiado grave para intentar resolverlo desde este tipo de arbitrismo tan hispánico.

No es fácil. Hace ahora poco menos de un mes publicaba Le Monde una tribuna de dos investigadores, sobre el proyecto de ley francés para reforzar la lucha contra las violencias sexuales y sexistas. Como no podía ser menos, reprochan que no tiene en cuenta las realidades sociales, gran comodín de tantas críticas. Todo depende de si se está a favor o en contra de la definición de la libertad respecto del uso de la sexualidad por la joven generación. O del sentido de la protección de los menores, por ejemplo, respecto de la pornografía: si su difusión es negativa, ¿no sería lógico restringirla jurídicamente en su raíz? Pero, una vez más, se impone la hipocresía, que no es ya, como antiguamente, un peaje del vicio a la virtud...

¿Cambia Internet los comportamientos? ¿O simplemente los amplifica y difunde? Desde luego, aporta unos medios técnicos insospechados, que permiten lo mejor y lo peor: también en el ámbito de la criminalidad. Y no me refiero a la información dirigida a la comisión de graves delitos, incluido el terrorismo. Sino a todo tipo de acciones delictivas, para las que la existencia de la Red es sólo el medio que las hace posible: el viejo descuidero de metros y tranvías puede actuar hoy directamente en cualquier lugar del mundo apropiándose de bienes ajenos muy dispares.

Probablemente, como ante tantas otras cuestiones, no será preciso modificar la tipificación de los delitos, por el hecho de que se cometan gracias a las nuevas tecnologías. Pero sí exigirá cualificar y aumentar el número de funcionarios encargados de la persecución de la ciberdelincuencia. Realmente, son demasiado fuertes los datos que recogía recientemente el informe anual de la delegación ministerial francesa para industrias de seguridad y lucha contra las amenazas cibernéticas: robo de datos personales, pirateo de ordenadores y móviles, fraude con tarjetas bancarias, estafas banales, hasta ataques superespecializados contra organismos vitales del Estado, aparte del triste incremento de la pornografía infantil. Aunque faltan estadísticas fiables, se puede considerar que, en el país vecino, la ciberdelincuencia en sentido amplio aumentó en un 32% entre 2016 y 2017, con unos 63.000 casos registrados en 2017: entre 5.000 y 6.000 al mes.

Sin duda, es campo propicio para el crecimiento de las empresas que prestan servicios de seguridad, conectadas o no con las clásicas aseguradoras. Pero también la Administración pública debe cualificarse mejor para defender adecuadamente a los ciudadanos.

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