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Tribuna libre

Hungría en el punto de mira de la prensa occidental

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Un artículo de...

Salvador Bernal
Salvador Bernal

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No se sabe si Hungría está contra la Unión Europea o la opinión occidental contra el tradicionalismo ético dominante en el país magiar. Pero, ciertamente, resulta insólito que Viktor Orban haya planteado un referéndum para aprobar su política restrictiva respecto de la admisión de refugiados; otros países se limitan a no cumplir los acuerdos comunitarios. De hecho, poco más de un año después de la decisión comunitaria, sólo ha sido aplicada al 3,5% de los previstos: Bruselas no tiene mucha autoridad para presionar a Budapest.

El problema es la recepción y distribución en Europa de unas 160.000 solicitudes de asilo procedentes sobre todo de Siria, Irak y Eritrea. Incluso, Angela Merkel ha debido revisar a la baja su generosa política de acogimiento, sancionada negativamente por encuestas y elecciones regionales.

Orban y su partido nacionalista manifiestan su deseo de consolidar una antigua civilización, reflejada en tantos momentos de la historia reciente, así como en impresionantes monumentos artísticos. Se comprende su afán por conservar los principios fundamentales de la nación, entre los que se incluyen los cristianos. La Constitución –aprobada en 2011- afirma que la dignidad de la persona se basa simplemente en la vida humana, que protege desde el momento de la concepción. Además, consagra la naturaleza del matrimonio como unión entre un varón y una mujer.

Querrían proteger ese sistema también respecto de la avalancha de refugiados, aunque en realidad el compromiso con Europa se limita a 1.294 solicitantes de asilo. Sin embargo, se ha difundido estos días la información de que existe la posibilidad jurídica de conseguir el permiso de residencia por el mero pago de una cantidad, no precisamente exigua: trescientos mil euros. Han pagado ya ese precio casi diez mil rusos y chinos... Si es así, se trataría de una razón en apoyo del carácter más político que idealista de la convocatoria de la consulta popular.

El domingo 2 de octubre los húngaros han respondido a una pregunta sorprendentemente clara: “¿Quiere que la UE establezca la ubicación obligatoria de ciudadanos no húngaros en Hungría sin la aprobación del parlamento húngaro?” Pero sólo acudió a las urnas en torno al 45% de los ciudadanos, por lo que el resultado no tiene eficacia jurídica, al exigirse un mínimo del 50% de participación. Por otra parte, se esperaba casi un 90% a favor del no, pero al fin ha sido del 98.

Más allá del tema en sí -una de las cuestiones más espinosas de la última década en Europa-, se jugaba la supremacía jurídica de la Unión Europa: la soberanía estatal no recupera de momento fueros perdidos y, por tanto, no frena en seco la marcha hacia mayores cotas de unidad.  Bruselas respira tranquila, porque los resultados vienen a confirmar la decisión del Parlamento de Budapest, que aceptó las exigencias derivadas de la adhesión en 2004, después del referéndum del año anterior, con un 83% de votos favorables al ingreso en Europa. Algunos expertos señalaban, además, que el propio gobierno había reconocido la prevalencia del derecho comunitario, al presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación de las cuotas obligatorias. Se explica la dura acusación del ministro de exteriores de Luxemburgo por la posible violación de un principio esencial en Europa, como la libre circulación de personas. No hay lugar por ahora, aunque la opinión pública húngara está muy tocada.

Pero no se puede simplificar el problema con la apelación casi ritual al nacionalismo y la xenofobia crecientes en el populismo europeo. Porque, en el fondo, Hungría es un alto en el camino desde Turquía y los Balcanes  –sobre todo, Serbia- hacia Alemania. El gobierno húngaro explicó su posición en términos de control de fronteras dentro del espacio Schengen, comprobación previa de las solicitudes de asilo de acuerdo con el derecho húngaro, así como erradicación del tráfico clandestino de seres humanos. Las autoridades insistían en rechazar la acusación de insolidaridad, y presentaban la creación de una agencia gubernamental para ayudar a los cristianos perseguidos en el mundo, de Libia a Siria e Irak: construcción de escuelas y hospitales, ayudas humanitarias diversas, y concesiones de visados para personas amenazadas de muerte.

De todos modos, los resultados no despejan el futuro de Viktor Orban, como pretendía. Apenas consigue fortalecerse políticamente, cuando han ido creciendo las críticas a su política económica y social. Al no haber logrado movilizar a la mayoría de la población, y aunque la casi totalidad de los participantes está con él, su éxito es un fracaso. Y plantea la dimisión como primer ministro su principal rival de la extrema derecha, el partido Jobbik, que puede hacerle sombra en las elecciones generales de 2018.


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