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Tribuna libre

Primera sentencia del Tribunal Penal Internacional

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Después del famoso tribunal de Nuremberg, se veía la necesidad de constituir una institución permanente para enjuiciar a presuntos autores de genocidios, crímenes contra la humanidad o delitos de guerra.

Después del famoso tribunal de Nuremberg, establecido después de la segunda guerra mundial para juzgar los crímenes cometidos por los nazis, se veía la necesidad de constituir una institución permanente, para enjuiciar a presuntos autores de genocidios, crímenes contra la humanidad o delitos de guerra. Entretanto la ONU fue creando tribunales especiales, a los que encomendó los procesos de las terribles violaciones contra la humanidad cometidas en los Balcanes o en Ruanda.

Al fin, el tratado firmado en Roma en 1998 creó una Corte General, con competencias específicas, para delitos muy graves, con carácter subsidiario respecto de las jurisdicciones estatales, que España se apresuró a ratificar. El Convenio entró en vigor en 2002, alcanzado el número mínimo de ratificaciones establecido, y el 11 de marzo de 2003 el Tribunal quedó constituido con el juramento solemne de sus dieciocho primeros jueces, de los cuales once eran hombres y siete mujeres. Un total de 89 países habían firmado y ratificado el Estatuto de este Tribunal. Hoy son ya 120.

Su primera sentencia ha tardado en llegar, también porque los procesos tienen más complicaciones de las normales por razones lingüísticas, y se extreman las garantías: no sería coherente lo contrario en un tribunal que actúa por impulso humanitario. De hecho, en estos momentos está a punto de tomar posesión el segundo fiscal general del TPI –lo hará en junio‑: Fatu Bensuda, antigua ministra de Justicia de Gambia, que ocupaba hasta ahora el puesto de fiscal adjunta; sustituye al argentino Luis Moreno Ocampo, que ocupa el cargo desde 2003.

El Tribunal ha declarado culpable a Thomas Lubanga, antiguo jefe militar de la república democrática del Congo, auténtico señor de la guerra, acusado de secuestrar a miles de niños –menores de quince años, según declara probado la sentencia‑ y utilizarlos como soldados en luchas tribales en las que fueron asesinadas más de 60.000 personas. Se trata de un penoso capítulo, que quizá esta sentencia ayude a cerrar, de los terribles conflictos étnicos y económicos que han asolado durante las últimas décadas el paisaje del centro de África, con miles y miles de víctimas y refugiados.

De todos modos, no se puede dejar pasar la hipocresía de Estados Unidos: un portavoz de la secretaría de Estado de Washington se permitió comentar favorablemente la sentencia, cuando es bien sabido que el Gobierno estadounidense no figura entre los firmantes del tratado de Roma (como tampoco China o Rusia). No tiene así autoridad moral para criticar, por ejemplo, a las naciones vecinas a Sudán que hacen la vista gorda frente a la orden de busca y captura lanzada por el TPI en 2009 contra su presidente, el general Al Bachir, en cuanto supuesto responsable del genocidio de Darfur, y de tantas violencias que sigue provocando tras el nacimiento de Sudán del sur.

Aparte del interés en sí de la sentencia, aporta un apoyo importante para la erradicación de una de las tragedias del siglo XX: la militarización masiva de niños en países del Tercer Mundo.

Además, viene a confirmar que se acaba el tiempo de la impunidad para líderes irresponsables que están en el origen de guerras civiles injustas, como puede ser el caso de Laurent Gbagbo, antiguo presidente de Costa de Marfil. Lleva unos meses en la prisión de Scheveningen, cerca de La Haya. Moreno Ocampo dudó en abrir la investigación sobre los crímenes cometidos en Costa de Marfil, para no dar la impresión de que el TPI se ocupaba sólo de África. Pero fue adelante, junto con los estudios preliminares de casos relativos a Colombia, Afganistán, Palestina, Honduras y Corea.

De todos modos, no se puede olvidar que el TPI no cuenta con los adecuados medios económicos. En parte por esto, y no sólo por talante personal, Moreno Ocampo ha cultivado excesivamente los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales. Sus contactos con grandes personajes internacionales han hecho temer a más de uno por el prestigio y la independencia del Tribunal de La Haya. Fatu Bensuda le ha secundado hasta ahora con lealtad. Pero está por ver la actitud que adoptará dentro de unos meses. Desde luego, el TPI resulta más necesario que nunca, ante la escalada de los conflictos regionales en el Tercer Mundo.

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