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Tibias decisiones europeas sobre inmigración y asilo

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Se sabía que no era fácil la tarea de la nueva responsable de la diplomacia de la Unión Europea, la antigua ministra italiana de asuntos exteriores, Federica Mogherini.

Un artículo de...

Salvador Bernal
Salvador Bernal

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Se había comprobado en tantas crisis precedentes la dificultad de adoptar posturas unitarias, por la incidencia de intereses nacionales de muy distinto signo, agravados por el crecimiento de tendencias xenófobas en diversos países de la Unión. Basta considerar ahora la influencia de esas tendencias en las recientes elecciones británicas: aun a falta de escaños –por la ley electoral vigente , se ha fortalecido el partido antieuropeo de UKIP, que no ha aceptado la dimisión de su líder, pues cuenta con su fuerza para llevar adelante la lucha ante el referéndum prometido por David Cameron.

El Parlamento europeo, al margen de las clásicas declaraciones enfáticas cuando suceden tragedias como las actuales en el Mediterráneo o en Índico, no acierta a plantear a Bruselas el diseño de políticas que desarrollen los principios proclamados en la carta de derechos sociales. Europa y el tercer mundo necesitan el establecimiento de criterios prácticos para recibir una mano de obra joven, indispensable en la mayor parte de los Estados europeos por el progresivo envejecimiento de la población. Esas normas deben amparar también a tantos inmigrantes dispuestos a cumplir la legalidad, sin tener que poner sus vidas de modo precario en manos de las mafias que trafican con seres humanos. Es una de las razones que llevan a Londres a preferir centrarse en la lucha contra los traficantes de personas.

Pero la atención humana a las víctimas de esa trata no justifica la respuesta de Federica Mogherini al gobierno británico, que pide la devolución a sus países de los clandestinos salvados de los naufragios, inevitables por la precariedad de pateras y barcos: “ni un solo refugiado o inmigrante interceptado en el mar será devuelto contra su voluntad”. Supone una declaración de principios inaceptable para el Reino Unidos y, en general, para quienes desean encauzar jurídicamente los flujos sociales hacia Europa. La valoran como una prima a la delincuencia organizada.

Más sentido tiene a primera vista la decisión de establecer unas cuotas para la aceptación de un número prudente de extranjeros. El consejo europeo parecía pensar más en la seguridad y vigilancia de las costas que en el problema de fondo. Ahora la Comisión, a través de su primer vicepresidente, Frans Timmermans, alentado por Jean-Claude Juncker, plantea el establecimiento de cuotas, como respuesta comunitaria al reto de la inmigración ilegal. Necesita la aprobación de los Estados miembros para convertirse en política de todos.

Pero esas cuotas  repartidas por los diversos países, de acuerdo con criterios que combinan PIB, tasa de desempleo, la población y el número de solicitudes de asilo  se refieren más a la figura de los refugiados, por razones de persecución política o conflictos bélicos, que a los movimientos migratorios clásicos: emigrantes en sentido propio que buscan un futuro mejor para ellos y para sus hijos. De ahí su ambigüedad y el posible rechazo de otros Estados, y no sólo del Reino Unido, como Hungría y Polonia.

Aparte de David Cameron, aunque por razones distintas, también el primer ministro Manuel Valls rechaza las cuotas: los refugiados deberían distribuirse entre los Estados miembros de una manera más equilibrada, sin olvidar que el asilo es un derecho reconocido por normas internacionales ratificadas por todos los países de la Unión Europea; por tanto, el número de beneficiarios no puede ser objeto de consideraciones numéricas: o se tiene derecho al asilo o no se tiene. Lo afirmó el día 16, durante una visita a Menton, cerca de la frontera franco-italiana, donde cientos de inmigrantes han sido detenidos los últimos días, en antevísperas del debate sobre el asilo en el Senado francés.

La comisión de Bruselas alude a razones de urgencia, para activar la intervención del servicio europeo de apoyo al asilo, de la agencia de vigilancia Frontex y de Europol para conseguir una rápida tramitación de las solicitudes. Además, Frontex velaría por las operaciones de retorno forzoso para las personas cuyas solicitudes sean rechazadas. Inquieta lógicamente la ineficacia actual: según Eurostat, en 2013 no fueron aprobadas las peticiones de una 425.000, pero solo 167 000 dejaron de hecho Europa.

En cualquier caso, es preciso avanzar hacia una política comunitaria efectiva. Y no me importa repetir la insuficiencia de las simples medidas técnicas de control de fronteras y migraciones.

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