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Tribuna libre

La batalla jurídica contra el matrimonio en Francia

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Aprendí de joven que una misma realidad social puede tener distinto significado en leyes reguladoras de aspectos diversos.

A través de Le Monde, se conoce ya el proyecto de ley sobre el matrimonio del gobierno Hollande. Me confirmo en mi tesis de que, si sale adelante esa reforma del Código de Napoleón, punto de referencia del derecho civil durante dos siglos, habrá que dejar el matrimonio para la historia de las instituciones jurídicas.

Aprendí de joven que una misma realidad social puede tener distinto significado en leyes reguladoras de aspectos diversos, aunque respeten la esencia de cada figura: por ejemplo, en virtud de ese "centro de imputación de la norma", no coincide el concepto de empresario en el Código de Comercio o en las leyes laborales; o la donación no se transforma en compraventa porque tenga el mismo tratamiento que ésta en las normas fiscales, deseosas de evitar fraudes... Tampoco se confundía en Francia el pacs (pacto civil de solidaridad) con el matrimonio, aunque se le concedieran efectos administrativos para los traslados de funcionarios públicos en un país centralizado (los "derechos de consorte" que estudié hace tantos años).

El título del proyecto francés, que se llevará al consejo de ministros del 31 de octubre, resume su propósito: abrir el matrimonio a parejas del mismo sexo. Su disposición básica reza así: "El matrimonio se contrae entre dos personas de sexo opuesto o del mismo sexo". Aunque, al final, las diferencias entre los diversos ministros han sido zanjadas por Jean-Marc Ayrault, y no se contempla la procreación médicamente asistida ni el estatuto de los abuelos.

Pero se sustituyen en el Código civil (y en los códigos de familia, trabajo, seguridad social, impuestos, transporte, etc.) los términos "père" et "mère" (padre, madre) por el genérico "parent" (algo así como el "progenitor" de la reforma española). Y "mari" y "femme" (marido, mujer) pasan a ser "époux" (esposos). No es cuestión baladí, pues supone acoger jurídicamente el símbolo de la indiferenciación sexual procedente de la teoría del género.

Como suele suceder, la exposición de motivos de la futura ley se aparta de la realidad fáctica. Afirma que la apertura del matrimonio a personas del mismo sexo ha avanzado constantemente desde la introducción del pacs. Oculta que esta figura, ideada para los homosexuales en 2009, es utilizada por un 95% de heterosexuales. Subraya, en cambio, que ese "instrumento jurídico no responde a las demandas de las parejas del mismo sexo que quieren casarse o tener acceso a la adopción".

Paradójicamente, según se aproxima la hora de la verdad, los sondeos de opinión reflejan una menor adhesión popular a la reforma: según una encuesta de IFOP para Le Figaro, el 61% está a favor (frente al 64% en junio de 2011), pero sólo el 48% admite la adopción por parejas homosexuales (un 58% hace un año).

Esos resultados habrán animado al grupo parlamentario contra el matrimonio gay, que nació en 2006 bajo el liderazgo de Xavier Breton, diputado de UMP. Un equipo de trabajo, encabezado por políticos hostiles al proyecto, como Hervé Mariton, Greff Claude, Jean Leonetti y Nicolin Yves, ha comenzado a programar audiencias en la Asamblea Nacional. La idea es pasar de un enfoque testimonial a una postura de combate, aunque para la derecha el problema no es aún un caballo de batalla.

Por otra parte, el proyecto ha suscitado ya una gran polémica entre los alcaldes franceses. El 10 de octubre, Le Monde publicaba un reportaje sobre las primeras reacciones. Algunos síndicos, tanto de la derecha como de la izquierda, se oponen al proyecto: no quieren asistir a la celebración de una boda gay. Estiman que ya está el pacs, y que la unión de dos personas del mismo sexo no es un matrimonio. No faltan quienes, de acuerdo con la tradición francesa, exigen la convocatoria de "estados generales". Otros plantean la necesidad de llevar la ley a referéndum.

Los munícipes contrarios piensan cómo organizarse para evitar tener que presidir esos enlaces. A falta de una cláusula de conciencia, entienden que podrán delegar en concejales. Si ninguno acepta el compromiso, los prefectos (gobernadores civiles) podrían suplir al alcalde. Todo, sin perjuicio del riesgo de que se suspenda su mandato, con o sin tanto de culpa penal.

En otro orden de cosas, se muestran particularmente sensibles a la decadencia de la familia, por su proximidad a tantos problemas prácticos derivados del exceso de divorcios o de la inestabilidad de las parejas, que dejan sin puntos de referencia a la joven generación.

Con o sin estados generales o referéndum, la futura ley llegará sin duda al Consejo constitucional. La ventaja de Francia es que ese organismo se pronunciará en pocas semanas, no como el inextricable Tribunal español, que sigue sin decidir casi ocho años después de la reforma del Código civil.

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