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Por la boca… Salud y república

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La gran pregunta es si la ley –toda la ley, como ha dicho el presidente del Gobierno- va a ser suficiente frente a estamentos y grupos que se niegan, no solamente a acatarla, sino a reconocerla.

Un artículo de...

Félix Gallardo
Félix Gallardo

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Ya ha ocurrido. El Parlamento de Cataluña ha aprobado la resolución que da comienzo, según, los separatistas, al proceso de secesión y a la creación de la república catalana (‘Salud y república’ ha saludado una representante del separatismo). No ha ocurrido ni más ni menos que lo que estaba cantado pero, al parecer, era lo que esperaba Mariano Rajoy para poner en marcha los mecanismos legales que el Gobierno tiene a su alcance.

Pero a la vista de todo lo que está pasando, la resolución y los hechos que han precedido esa decisión de la mayoría del Parlamento catalán, hay que preguntarse si la ley, toda la ley, como ha especificado en su comparecencia el Presidente, va a ser suficiente. En una situación normal la ley lo sería con sola su aplicación, pero en el asunto catalán, tal y como lo están llevando los separatistas y tal y como lo está gestionando Mariano Rajoy, no parece que pueda serlo.

La cantinela de Rajoy -aquella que repetía y sigue repitiendo, ‘no lo van a hacer porque es ilegal’- se ha demostrado vacía. No iban a convocar un referéndum porque era ilegal y lo convocaron; ahora es la resolución la que no tendrá ninguna eficacia real porque también es ilegal, pero en treinta días habrá una oficina fiscal y se gestionarán parcelas como la sanitaria.

Frente a los hechos consumados -por muy ilegales que sean- y la ley, la diferencia es notable y frente a unos políticos dispuestos a saltarse las leyes y que declaran formalmente y por escrito que no acatarán lo que diga la legislación y los tribunales españoles, habrá que buscar otros caminos.

La sensación que hay -también en ciertos ámbitos del Partido Popular y en círculos políticos a la vista de la sesión parlamentaria en Cataluña y de la comparecencia, en el ayuntamiento de Béjar del presidente del Gobierno- es de cierto pesimismo y de impotencia en un doble sentido. Por un lado, la hasta ahora impotencia de la ley y por otro, la impotencia para poder aplicarla hasta las últimas consecuencias.

Y es que la aplicación de la ley, en todas y cada una de sus posibilidades, se encuentra con dificultades derivadas de la índole del contencioso, de los protagonistas y de la situación del calendario político. Es evidente que no es fácil tomar decisiones como la de inhabilitar a los  72 parlamentarios que han votado la resolución y si quieren seguir ejerciendo como tales tampoco sería fácil impedirlo; y lo mismo ocurre con la presidenta del Parlamento o el de la Generalidad, sea el que sea.

Además, se quiera o no, la proximidad de las elecciones determina muy mucho las actuaciones de los partidos políticos que quieren acabar con el secesionismo y ahí están las propuestas de referéndum, de la reforma de la Constitución o la idea de una negociación política. Es más que posible que, sin unas elecciones a la vista, esas propuestas fueran distintas y las decisiones que se pudieran tomar, más contundentes.

Por si fuera poco, cualquier decisión, incluida  la aplicación de ‘toda la ley’, tiene que tener en cuenta los intereses de los catalanes que quieren seguir siendo españoles  y no se plantean ninguna posibilidad de secesión.

Artur Mas ya parece resignado a su ocaso político que cifra en 18 meses, pero es indudable que, en ese ocaso, no va a estar solo y en el callejón sin salida en el que se ha metido, tampoco.

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