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Tribuna libre

Por la boca… Los delitos sexuales merecen atención

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Los alemanes, tras los sucesos del pasado fin de año en Colonia, han cogido el toro por los cuernos, han endurecido las penas y han minimizado todo lo posible el factor resistencia en la víctima.

Un artículo de...

Félix Gallardo
Félix Gallardo

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Raro es el día en el que no nos topamos con una noticia relativa a algún tipo de delito sexual del que casi siempre es víctima la mujer. En según qué circunstancias y en momentos muy concretos, la agresión se ha convertido en una especie de deporte. El verano con su ristra de fiestas, es estación propicia a todo tipo de salvajadas que -aunque en opinión de los expertos, están propiciadas, en gran parte, por el consumo de alcohol y de drogas- no tienen la más mínima justificación.

Lo ocurrido en Pamplona durante las pasadas fiestas de San Fermín es un ejemplo claro pero, desgraciadamente, no es el único.

Se habla de medidas policiales, de vigilancia, de precauciones etc. y todo está bien y todo puede contribuir a evitar ciertas conductas, pero de una vez por todas, es el legislador y son los jueces quienes tienen que coger el toro por los cuernos y no querer huir de la realidad con unas penas ridículas y con unos procedimientos que, por desgracia, no invitan a la denuncia por parte de la víctima.

Los alemanes, tras los sucesos del pasado fin de año en Colonia han endurecido las penas y minimizado todo lo posible el factor resistencia en la víctima. Donde antes se exigía una resistencia numantina y, a todas luces, imposible, ahora se sustancia la denuncia demostrando una simple negativa, casi gestual. Un no, por implícito que sea, basta para dejar clara la voluntad del agredido y deja al agresor sin ningún tipo de presunción relativa a que la voluntad de su víctima hubiera sido favorable a cualquier tipo de relación.

Posiblemente ese sea el camino, o uno de los caminos, si tenemos en cuenta la escasa cantidad de denuncias que se interponen en relación al número de agresiones que se producen. Facilitar la situación procesal de la víctima y evitar –siempre que sea factible- un calvario de pruebas y de declaraciones, puede ser un buen principio.

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