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Mariano Rajoy tiene, en estos momentos, una nueva oportunidad para tomar la iniciativa política y evitar, como hasta ahora, ir a remolque de lo que hace Carlos Puigdemont.

Un artículo de...

Félix Gallardo
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El presidente del Gobierno, para ejercer las funciones que él mismo remarca constantemente en sus intervenciones, cuando dice que está para cumplir la ley y para hacerla cumplir, no necesita ni al resto de las fuerzas políticas, ni, por supuesto, esperar a una declaración unilateral de independencia por parte del gobierno de la autonomía catalana.

Dicen los responsables del Partido Popular que se irán dando los pasos pertinentes en función de lo que vaya haciendo Puigdemont. Sería un enorme error.

Mariano Rajoy tiene, en estos momentos, una nueva oportunidad para tomar la iniciativa política y evitar, como hasta ahora, ir a remolque de lo que hace Carlos Puigdemont.

Cualquier iniciativa que tome el Gobierno, siempre dentro de la ley, está más que justificada y no solamente con lo que ocurrió el domingo, sino que viene estando justificada desde hace tiempo.

No hay que confundir los términos. El Gobierno legítimo de España tiene todas las premisas legales y políticas a su favor para tomar las decisiones que acaben, de una vez por todas, con el caos, la confusión, la mentira y la ilegalidad continua que se están viviendo en Cataluña. Y debe tomar esas decisiones con apoyo o sin él y entonces será el turno del resto de las fuerzas políticas que asumirán así, las responsabilidades que se deriven de sus decisiones en un momento tan grave.

Rajoy no se tiene que entrevistar con Pedro Sánchez o con Albert Rivera para consultar su opinión sobre lo que hay que hacer, el presidente del Gobierno tiene que comunicarles lo que va a hacer.

Un Gobierno, en una democracia, cuenta con la legitimidad de origen y con la legitimidad de ejercicio, si el ejercicio del poder se hace con arreglo a las leyes y ateniéndose a las normas de la democracia.

Ahora mismo, en Cataluña, imperan el caos político, la algarada callejera y la mentira institucional. El presidente del Gobierno tiene la obligación, él mismo lo afirma continuamente, de cumplir la ley y de hacerla cumplir. En Cataluña, la ley se viene vulnerando desde hace demasiado tiempo y, lo que es más grave, por las instituciones que deberían ser sus garantes.

Pretender que ese caos, la algarada y la mentira, se pueden solucionar con quienes, desde los más altos despachos, los están propiciando, es estar engañado o querer engañarse.

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