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Un conflicto difícil

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La captura de dos piratas por nuestra Armada parecía seguir esta táctica de negociación y presión. Pero no se entiende la judicialización del conflicto con su traslado a España.

Nuestros atuneros pescan en un área especialmente peligrosa por la presencia de la piratería.

Con la aparición de territorios sin Estado las reglas del juego han cambiado. A diferencia de lo que ocurrió con la pax británica o con el equilibrio de las dos viejas superpotencias hay que entender que ha desaparecido la seguridad de los mares y que las propias instancias internacionales son incapaces de garantizar el libre tránsito y la libre actividad pesquera en áreas internacionales. Es evidente que la Armada no puede asegurar nuestra seguridad en esas latitudes y que además no se perfila una acción eficaz que elimine mediante la fuerza militar combinada de diversas naciones las bases piratas. Esta ha sido la acción permanente a lo largo de la historia, capitaneada habitualmente por la potencia dominante en el mar que ahora debería ser Estados Unidos, potencia muy reacia por razones de Historia reciente a intervenir en Somalia.

Toda referencia a la acción diplomática en este caso es un eufemismo, no hay estado con el que relacionarse sino grupos piratas afincados impunemente en un territorio sin control ni responsabilidad. En circunstancias semejantes, en otros países de Africa, quienes han querido realizar actividades económicas se han visto obligados a pagar a las bandas en control y cuando este no es claro, como es el caso, se ha optado por pagar los rescates a quien efectivamente realiza el chantaje; esta ha sido la práctica, por ejemplo, de compañías mineras en zonas sin responsabilidad estatal clara por la presencia de grupos insurgentes, normalmente auténticas tramas de extorsionadores.

Esta parecía la política del gobierno, dejar pasar el tiempo para conseguir un mejor trato, es decir, una rebaja del chantaje. En este sentido, la captura de dos piratas por nuestra Armada parecía seguir esta táctica de negociación y presión. Si esto es así, y hay muchas razones que avalan esta interpretación, no se entiende la judicialización del conflicto con el traslado a España de los piratas en medio de la crisis. La universal Audiencia Nacional, al iniciar una acción contra los dos piratas capturados, ha atado al Gobierno, que se ha dejado atrapar en una situación sin salida clara o que obliga a una sola salida, la acción militar directa. Todo reposa en un malentendido, extendido desde hace años entre nosotros, que es subordinar la acción exterior del Estado a los tribunales, en algunos casos a la acción directa de un juez. Sobre la base de una supuesta justicia universal nos atamos en relación con un mundo donde esa justicia es poco más que un “flatus vocis”.

La acción jurídica es muy eficaz para castigar delitos, nadie lo duda, pero es especialmente nociva en medio de una crisis. Véase la situación de las familias y los armadores. Por un lado se les indica con claridad que la acción protectora del Estado, monopolizador de la violencia, no alcanza a nuestros barcos, no hay Estado con el que relacionarse en el otro bando, y nos falta probablemente la fuerza para aplastar a los piratas que es lo que a todos nos pide el cuerpo; por otro se niega la posibilidad de salida privada mediante el pago, lo que por cierto no se ha hecho en otros casos. En este sentido, parece más eficaz la acción francesa, primero se garantiza la seguridad de los nacionales prisioneros, luego se utiliza con firmeza la violencia en una represalia, que no resuelve evidentemente el problema, pero que impone un mínimo respeto.

Lo nuestro, por el contrario es el colmo de la contradicción. Hemos aceptado un Estado especialmente impotente pero que juega a la jurisdicción sobre el pasado y sobre el universo. Los Estados como Israel que lidian con problemas aún más difíciles no lo dudan, cambian hasta docenas de detenidos por el cuerpo sin vida de uno sólo de sus soldados, luego evidentemente no dudan en utilizar la represalia.

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