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Tribuna libre

El futuro de las televisiones públicas en España

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Se aviva el futuro de las televisiones públicas en España, por si no estuviera ya muy presente en los debates y estudio de medidas de recorte de gasto público.

El Gobierno de Grecia acaba de anunciar el cierre de la televisión pública, con el consiguiente despido de 3.000 trabajadores. Sin lugar a dudas, cuanto ha ocurrido en Grecia u ocurre ahora es poco aplicable a otros países, pues es un país que ha gestionado la crisis económica con demasiados errores, falseando reiteradamente a Bruselas su "agujero" y con unos hábitos laborales que deben replantearse los ciudadanos griegos.

Sin embargo, se aviva el futuro de las televisiones públicas en España, por si no estuviera ya muy presente en los debates y estudio de medidas de recorte de gasto público. Sobran ejemplos: la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana han aplicado un ERE, haciendo notar que era la única alternativa al cierre de Telemadrid y Canal 9, respectivamente. En casi todas las televisiones autonómicas españolas y en TVE se han tomado medidas, y el horizonte se presenta oscuro si no se aciertan con las claves que les dieron sentido y pueden darle viabiliadad futura.

Que en las televisiones públicas españolas hay que recortar no es puesto en duda por nadie, pero depende mucho su futuro de cómo se hagan los recortes, para que esas televisiones sean fieles a su razón de ser. El hecho, por ejemplo, de que sólo cuatro televisiones autonómicas alcancen o superen el 10% de audiencia –la catalana, la vasca, la gallega y la aragonesa- ha de hacer reflexionar. Y el dato de lo que cuesta anualmente a cada ciudadano esa televisión ha de ser conocido con claridad y valorarlo.

Varias televisiones autonómicas tienen entre sus fines el cultivo y difusión de una lengua propia. En esos casos podemos afirmar que parten con ventaja respecto a otras, pero no es el último criterio. Difundir los valores culturales y propios de cada autonomía sí figura en la esencia de las televisiones autonómicas, así como sus tradiciones y tejido socioeconómico, y eso exige un análisis valiente y realista de lo que ahora hacen para adoptar las medidas necesarias en lo sucesivo.

No ha de evitarse una reflexión más profunda en esta cuestión: ¿es lo más adecuado que existan medios de comunicación públicos, o deben dejarse en manos de la sociedad, de una iniciativa privada rentable según acierte con lo que desea el público? En definitiva, ahondar en lo que el Estado o las Comunidades Autónomas deben financiar o no, en qué medida. Hay quienes piensan que los medios de comunicación deberían ser todos privados, en libre competencia. Yo, más bien, me abono a que los medios de comunicación públicos respondan a una finalidad de servicio real, básico, sin querer abarcar todo el abanico de la comunicación, y afrontando su financiación con fórmulas nuevas, que integren de verdad fuentes de financiación privada: una financiación mixta, pública y privada, y así se podrá evaluar hasta qué punto la sociedad quiere implicarse en el sostenimiento y en los contenidos de una televisión pública. Hay que destacar los contenidos, porque difícilmente se implicarán empresas privadas si los contenidos se deciden exclusivamente por el ente público. Arriesgar el dinero trae consigo contrapartidas, y máxime cuando algunos plantean que no haya sólo patrocinios o publicidad, sino que las empresas privadas tengan una participación accionarial –y, por tanto, de decisión- en los entes públicos.

Recortar gastos en las televisiones públicas españolas con una perspectiva mediática y social exige una labor de bisturí, de estudio y de escuchar a expertos, no meras reducciones de gastos sin tener claro el objetivo. Quienes están al frente han de saber qué gastos son más bien una "inversión" de presente y de futuro. Si no toman medidas que generen mayor confianza en la sociedad y en la consiguiente financiación privada, pueden dar palos de ciego y dejarse llevar por personalismos o estudios de laboratorio. El mero criterio de la sostenibilidad por parte de las arcas públicas es insuficiente, y puede llevar a prolongar una agonía, en vez de revitalizar y acertar con planteamientos que está demandando la sociedad. Escuchar, acudir a expertos, suele ser buena receta, más en esta espinosa e importante cuestión.

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