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Tribuna libre

La huelga de los abogados franceses a causa del beneficio de pobreza

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Ha cambiado la terminología, pero subsiste la realidad jurídica que viene, al menos, del derecho romano, para permitir que personas sin medios económicos accedan a la administración de justicia.

Un artículo de...

Salvador Bernal
Salvador Bernal

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Ha cambiado también el enfoque, como consecuencia de la evolución profesional de la abogacía –igual que otras profesiones liberales, como la medicina- hacia un estatuto cada vez más próximo al del funcionario público.

Recuerdo bien cómo mi buen padre, abogado en ejercicio, atendía con solicitud y gratuidad a los clientes que le llegaban por el llamado turno de oficio. Nadie podía imaginar entonces que la atención a esas personas sin medios económicos pudiese convertirse en principal fuente de retribución para tantos abogados jóvenes.

La complejidad de la vida social, con mayores dosis de violencia –no sólo física, también en la dura competencia mercantil, ha determinado un aumento de la litigiosidad civil y de los procesos penales, hasta la superpoblación carcelaria. El problema del enjuiciamiento criminal es especialmente agudo en Estados Unidos, por las características raciales, sociales y culturales dominantes entre los imputados. Está muy presente en los medios de comunicación, sobre todo, en los debates sobre la abolición de la pena capital.

Pero el problema existe también en España. En esta pienso, mientras relato la actual huelga de abogados en Francia, como consecuencia de la allí llamada desde hace unos años ayuda jurisdiccional. Se creó en 1972 y se reformó en 1991, para ayudar a los litigantes pobres a pagar las costas procesales. Las modificaciones introducidas en el proyecto de ley presupuestaria para 2016 por la ministra de Justicia, Christiane Taubira, han enfurecido a los letrados, hasta el punto de lanzar una huelga, que no acaba de desactivarse.

Hasta ahora, la ayuda se concedía a todo justiciable, para cualquier tipo de proceso, siempre que su renta mensual no superase el techo establecido legalmente. Para la subvención total, estaba fijado en 941 euros; para una ayuda parcial, 1184. El Estado paga a los abogados, y la remuneración se determina por las llamadas unidades de valor (UV), que oscilan entre 22,84 –París y 25,90 euros, según Colegios de Abogados. A cada tipo de intervención (divorcio, detención preventiva, interdictos, conciliación, etc.) se le asigna un número mínimo de UV. Por ejemplo, en una causa de divorcio por consentimiento mutuo, 30 UV. Si no hay ningún tipo de “complemento”, supondrá en la capital francesa 685 euros.

La reforma, aprobada ya en la Asamblea, pero pendiente de enmiendas en el Senado, modifica sustancialmente este sistema de gratuidad de la justicia. El límite de renta sube a 941-1000 euros para la ayuda total, y a 1184-1500 para la parcial. Se unifica la UV en 24,20 euros para todos los Colegios profesionales, aunque el proyecto establece posibles compensaciones. Y se revisan a la baja los baremos para atribuir UV a los diversos asuntos.

A la vez, se prevé una financiación suplementaria por parte del equivalente al Consejo general de la abogacía: 28 millones de € en 2016 y 38 millones de € en 2017, procedentes de las multas impuestas en los procesos penales. Además, la ministra quería implicar a las cajas generales de los colegios de abogados en la financiación de la justicia gratuita.

De esta manera, se daría un paso más en la transformación pública del ejercicio privado de la profesión. Aparte del problema de fondo, los abogados consideran muy insuficientes las asignaciones económicas previstas para retribuir a quienes defienden a los beneficiarios de la gratuidad. No parecen dispuestos a asumir las pérdidas que supondrían en bufetes pequeños, pero con un personal al que es preciso pagar cada mes.

Aunque la ministra ha dado marcha atrás en algunos aspectos, el Consejo nacional de la abogacía mantiene la llamada a la huelga hasta el próximo 28 de octubre. Se le puede reprochar la defensa de intereses corporativos, pero, sin una adecuada regulación del clásico beneficio de pobreza, habrá una “justicia de dos velocidades”, y se reducirá la protección jurídica de los litigantes pobres, como sucede en Estados Unidos.

En definitiva, el problema de las minutas a los profesionales no puede separarse de la cuantía de las tasas judiciales. El sistema acaba penalizando a los litigantes sin medios suficientes. Al margen de la evolución del conflicto francés, parece un tema serio, como para ser abordado también en España por los partidos políticos, pues aquí el deterioro de la administración de justicia es silencioso pero progresivamente mucho más grave.

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