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Tribuna libre

Contra la impunidad de los actores en la vida pública

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No voy a referirme a hechos recientes y luctuosos de la vida española, en Cataluña, Andalucía, Madrid o Valencia. Algunos llevan años en las páginas de los periódicos.

Un artículo de...

Salvador Bernal
Salvador Bernal

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De tarde en tarde llega la noticia de una sentencia, y es fácil asombrarse de que afecte a sucesos casi olvidados: tanto tarda la administración de justicia en este país, factor que contribuye a mi juicio a la corrupción y a la impunidad de quienes sólo fueron condenados en telediarios y portadas.

No todo vale, ni en la cultura ni en la acción política o sindical. Ni tampoco es cuestión de judicializar la vida pública, queja clásica de los implicados que no asumen su responsabilidad ciudadana: les falta ese mínimo sentido de la cultura democrática que en los países de nuestro entorno se encauza con la dimisión. Incluso, cuando el problema no es de tráfico de influencias, enriquecimientos injustos o financiación ilegal de partidos; basta una acusación probada de haber plagiado parte de una tesis doctoral, o de equivocarse en el uso privado de tarjetas de crédito ligadas a un cargo público. ¡Mucho tenemos que aprender!

Recuerdo los procesos de hace unos años contra José Bové, hoy eurodiputado con los Verdes, entonces líder sindical agrario. Promovió una lucha implacable contra los productos transgénicos, a través del movimiento de faucheurs (segadores) volontaires. Podía tener razón, también porque en algunos aspectos las directrices de la UE discurren hoy en esa línea. Pero no era lícito provocar incendios deliberados en plantaciones de OGM (organismos genéticamente modificados), menos aún si no eran cultivos privados con destino a la producción y consumo, sino experimentos llevados adelante por el equivalente a nuestro Consejo de investigación científica. Lo cierto es que Bové fue condenado y, ante la reiteración de su comportamiento, acabó pasando un tiempo en prisión.

Algo semejante ha sucedido, también en Francia, en el caso de la condena de ocho ex empleados de Goodyear a dos años de prisión, aunque sólo cumplirán en firme nueve meses. La causa de esta dura pena de la Audiencia de Amiens es el secuestro, realizado por militantes del sindicato marxista CGT durante treinta horas, en enero de 2014, de dos directores de la planta industrial entonces en vías de cierre. Fue la traca final de un largo conflicto sindical muy agresivo.

Los líderes sindicales están demasiado acostumbrados a la impunidad de ese tipo de violencias en conflictos colectivos de trabajo cargados de cierta desesperación para los trabajadores: piquetes sedicentes informativos, retención de directivos contra su voluntad, campañas de injurias y calumnias. Sin la renuncia a las eventuales represalias empresariales, no suele ser posible cerrar la huelga.

Así sucedió en este caso, pero lógicamente el fiscal conservaba competencia para actuar de oficio. Por una vez, que debería ser buen precedente, el ministerio fiscal presentó una querella criminal ante los jueces, hasta la sentencia de Amiens, ahora pendiente de apelación. No faltan quienes consideran desproporcionada la severidad de la decisión judicial, que vendrá a echar más leña al fuego en este tipo de conflictos. Pero el fin no puede ni debe justificar los medios, especialmente cuando –como sucede en tantas huelgas de servicios públicos sufren las violencias ciudadanos que no tienen arte ni parte en las contiendas laborales o políticas.

No vale tampoco trasladar la responsabilidad al gobierno, por mucho que los fiscales dependan del departamento de justicia. Ni parece tener sentido que la CGT haga una especie de anacrónica declaración de guerra contra Manuel Valls y su equipo, ciertamente promotores de políticas sociales que limitan desde el socialismo los derechos de los trabajadores. Desde luego, ningún fruto derivará de esa radicalización sindical, en tiempos más bien necesitados de concordia social para superar la crisis.

Como en otros países europeos, también en Francia se habla de la necesidad de una refundación de la política. El prestigio de los partidos no está en su mejor momento. Pero el de los sindicatos es aún más bajo, con índices de afiliación ocultados piadosamente. Las uniones sindicales tienen déficit de modernidad y reconversión, que deberían abordar sin crispaciones estériles. Más aún que los partidos políticos, también en España.

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