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Tribuna libre

Las insólitas guerras del presidente de Filipinas

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El activismo político de Donald Trump, tan apoyado mediáticamente por quienes le critican, está haciendo olvidar la figura de otro presidente capaz de subordinar a sus decisiones buena parte de la experiencia del estado de derecho: Rodrigo Duterte.

Un artículo de...

Salvador Bernal
Salvador Bernal

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El autoritarismo con que luchó contra el crimen y la droga en el ámbito local, le hizo ganar la confianza de los ciudadanos, para plantear esas batallas en todas las islas. Son problemas reales, que hacen sufrir, y mucho, al conjunto de la población. Pero no parece que la solución contra la injusticia, menos aún en el siglo XXI, sea cometer otras injusticias. Menos aún en el único país asiático con mayoría católica, si se exceptúa Timor Oriental.

Las informaciones que llegan de Filipinas son casi apocalípticas. En su lucha contra la “limpieza moral y física”, Rodrigo Duterte plantea seriamente la restauración de la pena de muerte. En cierto modo, confirma que la vida es menos valorada en Oriente, incluso en ese país de tanta raigambre cristiana. Pero, antes de que sea de nuevo legal, las autoridades policiales la están aplicando de hecho, especialmente contra camellos y consumidores de drogas.

En la perspectiva de la ONU, se advirtió cierta tendencia hacia la legalización de las adicciones, con argumentos semejantes a los que en su día se barajaron contra la conocida ley seca de Estados Unidos. Pero no prosperó la tesis del fracaso de la represión en la sesión especial de la Asamblea General de la ONU: se reunió en Nueva York a finales de marzo con el objetivo de definir la política general y las prioridades de las políticas globales sobre drogas para las próximas décadas. Se acabó aprobando un documento ponderado, en el que influyó también otra tesis moderna opuesta a la universalización de la ética pública occidental, casi como corolario del debate sobre derechos humanos. Lo cierto es que el permisivismo avanza en este campo, mientras arrecian imposiciones que limitan cada vez más la libertad de expresión en otros asuntos importantes en el plano ético.

La banalización del consumo de drogas en una gran potencia como Estados Unidos, muestra la profundidad de la crisis de valores, más importante que la económica. Hace poco más de dos años, el presidente Obama asombró a propios y extraños con la afirmación de que la marihuana no es más peligrosa que el alcohol: fumar yerba no le parece hábito saludable, pero considera que la droga no es tan dañina para la sociedad como se creía en el pasado.

En esa línea, se situaba la reforma introducida en Uruguay por el presidente Múgica al legalizar el cultivo y la venta de marihuana. Todavía no hay datos fehacientes para valorar la experiencia, tampoco desde el punto de vista de la lucha contra el narcotráfico. Pero, desde luego, no parece que convertir la droga en una nueva regalía, como el tabaco, contribuya a reducir su consumo. No van por ahí las medidas que se aplican para disuadir a los fumadores.

Entretanto Duterte está llevando a extremos increíbles su cruzada nacional contra la droga. La caza al hombre relacionado con el tráfico o el consumo –ejecutado por meras sospechas, sin juicio- ha producido ya más de siete mil muertes, algo así como el triple de las ejecuciones legales en todo el mundo. Si acaba la guerra, no será por atender la crítica de los defensores de derechos humanos, incluido el episcopado filipino, sino por las consecuencias de la muerte brutal de un industrial surcoreano, que ha provocado una seria crisis económica y diplomática entre Seúl y Manila. El hombre de negocios coreano fue detenido por la brigada de estupefacientes, y murió en su propia sede, en Quezon City, al norte de Manila. El presidente quiere centrarse en depurar sus propias fuerzas de seguridad, tras afirmar que la corrupción afecta al 40% de los policías.

Entretanto, reabre la lucha contra las guerrillas comunistas, abandonando las negociaciones con los rebeldes que pretendía poner fin a un conflicto vivo surgido hace cinco décadas. Ciertamente éstos fueron los primeros en romper el alto el fuego, pero la reacción del presidente le retrata, cuando rechaza por completo futuras conversaciones, y les dice: “Llevamos cincuenta años de conflicto. Si queréis seguir otros cincuenta, no hay problema: encantados de hacerles felices”. Y confió a su ejército que se prepare para una guerra larga, porque la paz puede no llegar en esta generación.

Lejos de atender las críticas, el ex alcalde de Davao se reafirma en sus criterios, frente a los reproches de la comunidad internacional, de ONG de derechos humanos o de la propia conferencia episcopal. Se apoya con fuerza en el hecho de que disfruta de un alto índice de popularidad entre los ciudadanos: un argumento demasiado repetido estos últimos tiempos.

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