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La responsabilidad internacional de la Santa Sede por abusos a menores (y II)

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A la Santa Sede se le pueden pedir responsabilidades por su gestión de la crisis de los abusos, pero no se le puede pedir más de lo que ella se ha comprometido a hacer.

Un artículo de...

Nicolás Zambrana
Nicolás Zambrana

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A la Santa Sede se le pueden pedir responsabilidades, naturalmente, por su gestión de la crisis de los abusos, pero no se le puede pedir más de lo que ella se ha comprometido a hacer ni más de lo que puede hacer, de la misma manera que nadie puede pedirle a Estados Unidos que solucione la pobreza de Cuba, aunque sea mucho más rico que ella y estén los dos a un tiro de piedra del otro. Sin embargo, los prejuicios de los que se ha hablado antes pueden hacer pensar que si un sacerdote se desmanda o un obispo es negligente, la responsable, en el orden internacional, es la Santa Sede, puesto que ella tendría “todo el poder” sobre la Iglesia. Al fin y al cabo, es Roma la que quita y pone a los obispos que hacen cabeza en las diócesis. Al fin y al cabo, los procedimientos judiciales que empiezan en cualquier diócesis del mundo pueden acabar en Roma, que tiene la última palabra.

No es así. Pensar que la Iglesia de Roma –cabeza de la Iglesia universal, eso sí- es como el Gobierno de un país y que una diócesis alemana sería como una provincia de la Iglesia obviaría el hecho de que muchas diócesis alemanas tienen más ingresos que la propia Iglesia de Roma y una autonomía mucho mayor y de otro orden, que la que tienen los Estados federados alemanes frente al Estado federal alemán.

No se puede aplicar sin más a la Iglesia la estructura piramidal que tiene el orden judicial en la mayoría de los Estados, para concluir de ese modo que las Iglesias nacionales dependen necesariamente de la Curia romana. La Iglesia de Roma tiene algunos privilegios pero, la mayor parte de las veces, cuando un procedimiento judicial –por ejemplo, sancionando a un sacerdote que ha abusado de un niño- termina en Roma, es por pura eficiencia técnica, porque en la diócesis les falta personal o experiencia. Esta transferencia de un expediente judicial de una diócesis local a Roma no es tan asimilable a la apelación de un tribunal inferior a otro superior como al proceso por el que un procedimiento nacional se continúa ante un tribunal internacional o por el que una sentencia de un país de la Commonwealth se podía apelar ante el Privy Council de Reino Unido.

Tampoco los obispos son autoridades territoriales que responden sin más ante la Santa Sede. La autoridad de un obispo, en todos los órdenes, no depende de la del Papa. La Santa Sede puede, en muchos casos, tener un papel muy relevante en la elección y nombramiento de los obispos, pero esto no es indispensable. Durante siglos, los obispos han sido nombrados por los señores feudales o los reyes de turno. Aún hoy, en las iglesias orientales (Líbano, Armenia, Palestina, etc), los obispos y patriarcas son elegidos de diferentes maneras, incluso de común acuerdo por los obispos locales. Además, cuando un obispo se rebela contra el Papa (por ejemplo: Lefebvre) puede ser cismático, pero no deja de ser obispo.

Como ya se ha dicho, no se puede exigir a la Santa Sede más de lo que ésta puede dar. Como se ha dicho, la Santa Sede es el Gobierno de la iglesia pero no es la Iglesia. Santa Sede, Iglesia y Estado de la Ciudad del vaticano son entes distintos, con personalidades jurídicas distintas ante el resto del mundo. Pretender que la Iglesia ejerza su jurisdicción sobre todos sus fieles, por la comisión de actos que podrían ser también considerados crímenes normales y corrientes, nos retraería a los tiempos de la Inquisición, en los que el poder civil utilizaba a la Iglesia para reprimir actividades que, puestos a reprimir, tenía que haber reprimido él. Por tanto, los sacerdotes pedófilos y el puñado de obispos que los hayan ocultado tienen que responder, principalmente, ante los tribunales nacionales, civiles o penales. La Iglesia puede cumplir su función condenando los hechos, examinándose a sí misma y revisando las normas con las que pide a las diócesis locales que elijan a sus sacerdotes pero, en todo caso, serán esas iglesias las que tengan la responsabilidad máxima sobre lo sucedido. La responsabilidad de la Santa Sede hay que buscarla en su impulso –suficiente o no- para que la actuación de los cristianos en todo el mundo sea conforme a la predicación de Jesucristo y en su labor de coordinación –como mucho- de todas las diferentes entidades que forman la Iglesia universal.

 Más allá de la posible confusión que pueden haber tenido en la ONU entre la Santa Sede y un Estado cualquiera, ese organismo probablemente ve en la Santa Sede a un enemigo al que ahora puede hacer daño. Por eso me gustaría concluir con esta frase, erróneamente atribuida al Quijote: “Ladran Sancho, luego cabalgamos”.

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