Viernes 20/10/2017. Actualizado 09:35h

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Política

Alcaldes y concejales no pueden ceder espacios del municipio

Advertencia del Gobierno a los funcionarios en Cataluña: facilitar la consulta del 9-N es causa de inhabilitación

Lo comunicará por escrito a directores de centros educativos, policías y personal administrativo. Los jueces de guardia cerrarán cualquier local donde haya votación

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Aviso importante del Gobierno a los funcionarios que trabajan en Cataluña. En los próximos días van a recibir un escrito en el que se les comunica que serán inhabilitados si facilitan la celebración de la consulta independentista del 9-N. Alcaldes y concejales incurrirán en un delito de prevaricación si ceden locales para el referéndum.

Una mujer votando en las últimas elecciones generales. Una mujer votando en las últimas elecciones generales.

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno conocedoras de este dispositivo, el Ejecutivo estaba a la espera de que el Tribunal Constitucional suspendiera la ley de consultas y el decreto de convocatoria del referéndum del 9 de noviembre, un dictamen que llegó a última hora de este lunes, para dar comienzo a una batería de acciones que impidan su celebración.

El Gobierno es consciente de que uno de los colectivos capaces de detener el proceso electoral anunciado por Artur Mas es el de los funcionarios instalados en Cataluña. Sin una complicidad expresa de los empleados públicos no será posible una consulta efectiva.

Campaña informativa a los funcionarios

Para ello, el Gobierno tiene previsto comunicar por escrito, después de que el Constitucional haya anulado este lunes la convocatoria, las sanciones previstas para los empleados públicos que faciliten la consulta.

Las circulares se harán llegar, principalmente, a directores de centros educativos, fuerzas del orden público y personal administrativo relacionado con el censo electoral y servicios estadísticos.

Juicios rápidos y condena de inhabilitación

En las misivas se advertirá a los empleados públicos de las consecuencias que acarrea la participación en la organización de la consulta (miembros de las mesas electorales, interventores, titulares de los locales electorales, etc.), después de que ha sido suspendida.

Se les advertirá de que se enfrentan a juicios rápidos y a condenas de inhabilitación si colaboran. Paradójicamente, Artur Mas no puede ser inhabilitado en razón de su cargo de presidente de la Generalitat. Sí el resto de cargos públicos catalanes al no ser aforados.

Los ayuntamientos no pueden ceder locales

Según las fuentes consultadas, las comunicaciones por escrito se extenderán también a alcaldes y concejales, a quienes se avisará de que ceder espacios municipales para promover el referéndum o colocar urnas para la votación también es causa de inhabilitación.

La mayoría de ayuntamientos catalanes (gobernados por CiU, ERC, ICV...) apoya el referéndum independentista del 9-N. Solo aquellos gestionados por alcaldes del PSC, y sobre todo del PP, han manifestado ya que no van cooperar.

La Generalitat prevé suplir estos centros disidentes habilitando edificios de titularidad autonómica como puntos de votación.

Se pretende que en estos espacios puedan votar los vecinos de estas localidades, entre las que se encuentran núcleos importantes del área metropolitana de Barcelona.

Recurrir a la actuación de los Mossos

Sin embargo, el Gobierno tiene también listo el dispositivo que permitirá clausurar los colegios electorales el próximo 9 de noviembre. Solo se aplicará si finalmente las urnas se colocan en los puntos de votación que designe la Generalitat.

El plan contempla, en primera instancia, recurrir a la actuación de las fuerzas del orden público, es decir, a los agentes de los Mossos d’Esquadra para lograr el cierre de los centros.

Los jueces de guardia clausurarán los colegios

Pero el Ejecutivo maneja también otra medida por si la actuación de los Mossos resultara insuficiente y no lograra impedir la apertura de los centros.

El Gobierno solicitará el 9 de noviembre a los jueces de guardia de cada localidad una autorización judicial para clausurar los colegios “donde se vaya a intentar realizar un referéndum ilegal”. Esta orden afectará también a los edificios que son propiedad de la Generalitat.

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