La Audiencia Nacional abre una investigación para verificar si los alcaldes de Bildu cometieron un delito penal al retirar el cuadro del Rey y la bandera española de los ayuntamientos
Primera iniciativa judicial a las maniobras de Bildu contra los símbolos del Estado en sus ayuntamientos. La Audiencia Nacional ha dado orden de investigar si la retirada del retrato del Rey y de la bandera española constituye un delito penal. Los alcaldes abertzales podrían perder su cargo.
Según ha sabido El Confidencial Digital, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias informativas para recopilar pruebas contra los ediles de Bildu. El objetivo de las investigaciones será determinar si la acción de los abertzales puede terminar en un proceso judicial o en una sanción administrativa.
Dichas diligencias, incoadas hace sólo unos días, va a permitir analizar si los hechos son constitutivos de delito. Las fuentes consultadas por este diario advierten que “el descubrimiento de un trasfondo de carácter delictivo significará el traslado de una acusación ante el juez”.
Desde la Audiencia Nacional dejan claro que “no será fácil probar un atentado contra el Código Penal en este caso”. No obstante, “sí es evidente que existe una vulneración de la Ley de Régimen local, así como de otras normas de carácter autonómico”.
Las fuentes antes citadas explican a ECD que “saltarse cualquier ley estatal o regional tiene sus consecuencias legales, independientemente de la existencia o no de delitos penales”. Por ese motivo, los alcaldes de Bildu que actuaron en contra de la legalidad, “tendrán que hacer frente como mínimo a importantes sanciones administrativas”.
Los abertzales no escucharon las exigencias del Gobierno Vasco
Después de conocerse la retirada de retratos del Rey y de la bandera española en los ayuntamientos gobernados por Bildu, la cúpula de la coalición abertzale fue informada, por parte del Gobierno Vasco, de que estaban incumpliendo la Ley de Régimen Local que obliga a instalar los símbolos del Estado en los organismos públicos.
Tal y como se informó en El Confidencial Digital –vea aquí la noticia-, el propio Rodolfo Ares transmitió a la dirección de Bildu, en una reunión reservada, que no toleraría actos ilegales en las corporaciones. La advertencia no provocó la reacción esperada: los abertzales aseguraron que sólo atenderían las órdenes del Ministerio del Interior.
Desde entonces, el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha reclamado al departamento que ahora dirige Antonio Camacho una respuesta a las maniobras de Bildu, que finalmente se ha materializado a través de la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
