Miércoles 13/12/2017. Actualizado 13:33h

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Política

Por un presunto delito de sedición

La Audiencia Nacional tiene pruebas contra los ‘número dos’ de las consejerías de Interior y Economía

Hay indicios de que ordenaron a los Mossos que destruyeran documentación clave sobre el 1-O

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El Tribunal Supremo ha asumido las causas contra los ex consellers de la Generalitat y los Jordis, pero no la de José Luis Trapero. La investigación contra el mayor de los Mossos sigue su curso en la Audiencia Nacional y va camino de ampliarse a nuevos investigados.


Audiencia Nacional Audiencia Nacional

Según ha podido saber El Confidencial Digital de fuentes cercanas a la investigación, la Guardia Civil acumula pruebas contra personas relacionadas con el presunto delito de sedición cometido por Trapero y la intendente de los Mossos Teresa Laplana.

En concreto, centra las pesquisas en altos cargos de las consejerías de Economía y de Interior. Se trata de los ‘número dos’ de Oriol Junqueras y Joaquim Forn, Josep Maria Jové y Cèsar Puig, y otros cargos inmediatamente inferiores a ellos. Entre otros, figura el ex director de los Mossos, Pere Soler.

Las mismas fuentes precisan a ECD que los indicios incriminatorios se enmarcan en los registros de agentes judiciales el pasado 20 de septiembre en la consejería de Economía de la Generalitat. La Fiscalía denunció a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por un delito de sedición al dirigir a una multitud de en torno a 40.000 personas que acosaron y retuvieron a los funcionarios.

Trapero y Laplana fueron incluidos en la causa al entender el TSJC que no impidieron los tumultos en su condición de dirigentes de los Mossos. En las pruebas aportadas por la Guardia Civil, figuran incluso llamadas telefónicas entre Sànchez y Trapero durante las casi doce horas que duró el acoso. La secretaria judicial tuvo que abandonar las oficinas por la azotea.

Destrucción de documentos

Casi dos meses después de los hechos, el 26 de octubre, la Policía Nacional se incautó, gracias a un chivatazo, de una furgoneta que los Mossos trasladaban desde la comisaría de Barcelona a la incineradora Tersa de Sant Adrià de Bèsos. El vehículo estaba lleno de documentos que iban a ser destruidos.

Tras analizar los papeles, la Policía ha determinado que se trata de material relacionado con la preparación del referéndum de independencia del 1 de octubre. Como la consulta está siendo investigada en varios juzgados y el TC la declaró ilegal, el intento de hacer desaparecer los centenares de informes puede constituir un delito de sedición.

Quién dio la orden

Los documentos contenían órdenes de mandos intermedios de los Mossos sobre la actuación de los agentes el 1-O y directrices políticas. Dada la gravedad de los hechos, la Guardia Civil investiga quién dio la orden de destruirlos.

Las pesquisas apuntan de momento a Jové, Puig, Soler y dirigentes ‘número tres’ de las consejerías de Economía e Interior y del cuerpo de los Mossos. Jové fue detenido el pasado 21 de septiembre tras los polémicos registros. El juez titular del nº 13 de instrucción de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, lo relaciona con la creación de una Hacienda catalana mediante el uso indebido de datos personales de los ciudadanos.

Decisión de la juez Lamela

La juez Lamela deberá valorar las pruebas aportadas por la Guardia Civil y decidir si imputa en la causa a Jové, Puig, Soler y demás cargos. La magistrada también instruye la pasividad de los Mossos durante el 1 de octubre, al no impedir la apertura de colegios y las votaciones.

En este sentido, el Instituto Armado también trabaja en la relación de la líder de ERC Marta Rovira en la organización del referéndum. Los agentes la señalan como colaboradora de Jové en la ocultación de urnas y en gestiones relacionadas con la consulta y la creación de una república independiente.


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