Las Autonomías plantan a Jesús Caldera y frenan su plan para repartir 500 “sin papeles” menores: Andalucía, 0; Cataluña, 10; Madrid pide aclaraciones

Las cifras que manejan los gobiernos autonómicos son aproximativas. En Canarias, se encuentran 500 inmigrantes menores de edad que no pueden ser atendidos debidamente en las instalaciones de la zona, por lo que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, conjuntamente con la Secretaria de Estado de Inmigración dirigida por Consuelo Rumí, convocaron éste lunes una reunión del Consejo Superior de Política de Inmigración para tratar la cuestión. En la reunión se dieron cita representantes de cada Comunidad Autónoma y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).   Pero el resultado de la reunión ha sido valorado de modo dispar. Mientras el Ministerio de Caldera se apresuraba a anunciar un “acuerdo de fondo” con el que, en breve, se solucionaría la distribución de los menores por la geografía nacional, El Confidencial Digital ha recogido el parecer de las distintas comunidades autónomas que mayor capacidad presentan para la recepción de los menores. Su visión es muy diferente a la oficial y se detalla a continuación:   -- Al término del mencionado encuentro, la Junta de Andalucía manifestó su rotunda negativa a acoger menores, por la saturación que sufre en sus centros de internamiento. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla manifestaron un parecer similar: también se niegan a acoger menores. Asturias, por su parte, anunció que ofrecería 14 plazas.   -- ECD ha contactado con las autoridades de inmigración de la Generalitat de Cataluña que está dispuesto a acoger únicamente a diez menores. Se está a la espera, explican, de que se negocie la financiación de estas partidas. Para el caso de que, desde la secretaria de Estado e Inmigración, se quieran enviar más “sin papeles”, los responsables de la Generalitat hablarían de la posible construcción de nuevas instalaciones. Las negociaciones bilaterales entre la Generalitat y el Gobierno Central en este asunto están abiertas en este momento.   -- En el caso de Madrid, una de las Comunidades que más inmigrantes recibe, desde la Consejería de Inmigración que dirige Lucía Figar afirman estar a la espera de que se aclare la postura del Ministerio en lo que respecta a la financiación del plan y al régimen jurídico en el que llegarán los menores, pero no se aventuran a cifrar las plazas que podrán ofrecer. A día de hoy –declaran- tienen 2.000 menores tutelados, de los que unos 400 son inmigrantes.   -- La postura adoptada por los responsables de inmigración de Valencia es bastante similar. Afirman no haber tomado aún una decisión en firme, a la espera de la primera reunión bilateral con los delegados ministeriales. Desde el Gobierno Valenciano se prefiere esperar a este encuentro antes que dar cifras.   -- La Xunta de Galicia, que espera poder reunirse esta semana con los responsables ministeriales, esperan ofrecer plazas en la línea de otras comunidades autónomas. En todo caso, reconocen, en un arco que va desde las 10 hasta las 15. Desde la Secretaría General de Inmigración de la Xunta se trasmite a ECD la confianza en que se llegue a un acuerdo, toda vez que “la financiación de la operación está asegurada por parte del Ministerio”. Noviembre es el mes que se han dado de plazo desde la Xunta para poder dar una “acogida garantista” a los menores que lleguen, muy lejos de la inmediatez que Caldera ha querido imprimir al plan de redistribución.   -- En el caso del País Vasco, donde las competencias en inmigración se encuentran delegadas en las diputaciones, aún no se ha fijado fecha para la primera reunión bilateral con los responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El primer paso será la reunión de los delegados de cada diputación para la puesta en común de las posibilidades de acogida y la toma de postura frente al plan preparado para los menores. En cualquier caso, medios regionales informaban ayer tarde sobre “la completa saturación de los centros de menores”, concretamente, en la diputación de Vizcaya.   En la propuesta conjunta que desde la Administración General del Estado y del Gobierno de Canarias se presentó el pasado lunes a las Comunidades Autónomas (CCAA) se establecen dos modelos diferentes de atención a los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Canarias, en número de 500. Tienen su interés:   -- La primera opción establece que la tutela será asumida por las CCAA de destino, y se prevé una guarda/acogimiento de los menores con los recursos propios o concertados de las mismas.   -- En el segundo modelo la tutela será igualmente asumida por las CCAA, pero la guarda/acogimiento de los menores acogidos sería asumida en parte por la Comunidad Autónoma de destino y del resto se haría cargo la Administración General del Estado que delega en las CCAA la concertación de dichos servicios con entidades especializadas en atención a la infancia.   Otros datos reseñables son los siguientes:   -- En cualquier caso todos los menores que puedan ser trasladados a la Península habrán de ser “reseñados” por la Policía Nacional, y se incorporarán sus datos al registro Policial de menores extranjeros no acompañados, una base de datos con acceso más restringido de lo habitual para preservar más si cabe, los derechos del menor.   -- Las huellas de cada menor se cotejarán a través del sistema SAID de identificación dactilar con el que se descarta que el menor haya falseado sus datos, o haya estado ya internado en otro centro en una anterior entrada en nuestro país.   -- Igualmente se realizarán las pruebas de la determinación de edad, y un informe social del menor que posibiliten su identificación y la de su familia.   -- Los menores serán entregados a cada Centro de Acogida por la autoridad policial responsable de su custodia junto con la documentación administrativa referida a la tutela y guarda del menor.   El problema al que se enfrenta el ministro Caldera es que tanto comunidades gobernadas por el PP como otras dirigidas por el PSOE u otros partidos socios del Gobierno han puesto pegas a su iniciativa. Y en el caso de aquellos que se muestran dispuestos al acuerdo la capacidad de ofrecimiento se muestra muy limitada y no salen las cuentas. Al menos son 500 los menores a los que se habrá de tutelar y según la respuesta dada por las comunidades más capaces, hoy día, las infraestructuras de acogida se encuentran al límite de sus posibilidades.