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Política

Nerviosismo en la dirección nacional

Aviso a Génova: Ricardo Costa se ha propuesto dinamitar el actual PP (valenciano)

El partido ha empezado a revisar facturas abonadas durante la campaña de Isabel Bonig (2007). También está en el punto de mira el presidente de la Diputación de Alicante

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Ricardo Costa, ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, ha aprovechado su declaración en la Audiencia Nacional durante el juicio por la financiación ilegal del partido para señalar a Francisco Camps y otros cargos de la formación durante el mandato del ex presidente de la Generalitat. Sus explosivas declaraciones, sin embargo, son solo el principio: ahora va a por la actual ejecutiva.

Ricardo Costa. Ricardo Costa.

Sí, es cierto que el PP valenciano se financió con dinero negro”. “Dos actos de Rajoy en Valencia fueron pagados con 120.000 euros de los empresarios”. Con estas palabras, Costa provocó el pasado miércoles un pequeño seísmo en el Partido Popular. Periódicos de tirada nacional y regionales se hicieron eco de un testimonio en el que se habló constantemente de una “caja B” de los populares.

El que fuera número dos de Camps no solo señaló al ex presidente valenciano. También afirmó que en las municipales de 2007 se pagó dinero negro en sobres para la campaña de la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo (expedientada después por el partido), para la candidatura de Alberto Fabra en Castellón y la de Adela Pedrosa en Elda.

Cabe recordar, en este sentido, que Alberto Fabra sucedió a Camps al frente de la Generalitat en 2011 y que tanto él como Adela Pedrosa ostentan aún un cargo público representando al PP: ambos son senadores desde 2015. 

“Ahora va a por la actual dirección”

Esta acusación contra dos cargos electos, no obstante, puede quedarse en mera anécdota si se cumplen las sospechas existentes en el PP valenciano. Según advierten a El Confidencial Digital dirigentes regionales del partido, “Costa va ahora a por la actual ejecutiva y ya hemos puesto sobre aviso a Génova”.

Según la información que maneja la dirección autonómica del PP, el ex secretario general tiene en su punto de mira a la actual presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, y al presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez.

Costa, aseguran estas fuentes, ha confesado a su entorno que va a señalar a Bonig como una de las beneficiarias de la trama de financiación ilegal al partido. El ex número dos de Camps denunciará que el PP pagó con dinero negro la campaña con la que la presidenta regional de los populares valencianos consiguió convertirse en alcaldesa de la Vall de Uxó.

Según el ex secretario general, los pagos de los empresarios al partido durante las municipales de 2007 también alcanzaron a Bonig. Gracias a esa ayuda –insistirá-, que eludió el control del Tribunal de Cuentas, logró un gobierno municipal que entonces estaba en poder del PSOE.

Las acusaciones contra César Sánchez se fundamentarán en el hecho de que, durante el mandato de Camps y en los años en los que se produjo la presunta financiación ilegal, él era asesor del ex presidente de la Generalitat.

Otro adjunto del ex jefe del Ejecutivo, Alfredo Castelló, también se convirtió en alcalde de Sagunto en 2007, año de los supuestos pagos irregulares de los empresarios durante la campaña de las municipales. El nombre del ex edil también estará en la lista de Costa.

Así las cosas, el PP valenciano se ha puesto manos a la obra para intentar detener el golpe. “Ya se están revisando” facturas de las campañas de esas elecciones municipales -las de Bonig y Castelló-, con el objetivo de saber qué ha pasado, cotejar si existen irregularidades y, en caso negativo, usarlas como respuesta a la ofensiva judicial del que fuera mano derecha de Camps.

Costa busca reducir su condena

Las fuentes consultadas admiten que el ex secretario general del PP valenciano ha dado un giro de 180 grados a su estrategia de defensa y ahora ha decidido ir a por los que fueron sus compañeros. Algo que ha causado bastante sorpresa. Hasta hace sólo unas semanas, el Grupo Popular de las Cortes Valencianas le pagaba el abogado. “Eso terminó –explican desde Valencia- cuando descubrimos sus verdaderas intenciones”.

Los asesores jurídicos del partido tienen claro que el objetivo de Costa, en estos momentos, es lograr lo que en derecho se conoce como una “conformidad impropia”:

-- “Él quiere señalar a mucha gente para que haya más encausados. De ese modo, no quedaría como el principal responsable. Y su responsabilidad se diluiría. Además, al colaborar con la Justicia, pediría una reducción de condena”.

Teniendo en cuenta este planteamiento, desde el PP llaman a la prudencia y a evitar juicios precipitados. Van a pedir que “se tengan en cuenta” las verdaderas motivaciones del ex secretario general. Todo puede ser fruto de una estrategia sin fundamento: “De todo lo que diga tendrá que presentar prueba, ya que de lo contrario su testimonio no tendrá validez ninguna”.


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