Bacigalupo desestima definitivamente el recurso de suplica contra Montilla y Fornesa: el ministro no era funcionario público ni autoridad

Enrique Bacigalupo Zapater, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha decidido desestimar definitivamente el recurso de súplica contra Montilla y Fornesa por un supuesto delito de cohecho a causa de la condonación de deuda de La Caixa al PSC en 1994.

El pasado mes de abril, el magistrado Bacigalupo Zapater archivó la denuncia contra el todavía Ministro de Industria, José Montilla y el presidente de La Caixa, Ricardo Fornesa, interpuesta por Cross Country y la Liga Española Pro-derechos Humanos.   Los denunciantes acusaban a Montilla y Fornesa por un “supuesto delito de apropiación indebida, tráfico de influencias y delito societario”. La razón: la condonación de deuda de La Caixa al PSC por un valor superior a seis millones de euros.   Según ha podido saber El Confidencial Digital, el jurista que sentenciara al magistrado Javier Gómez de Liaño por el caso Sogecable hizo llegar en el día de ayer, a los demandantes, un escrito de respuesta al recurso de súplica presentado en abril del presente año.   En el escrito de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Bacigalupo hace constar que “no se puede hablar de comisión de delito de apropiación indebida ni de ningún otro ilícito penal” de Montilla y Fornesa, al tiempo que afirma, basándose en la argumentación de los querellantes, que “las partes se han limitado a establecer las estipulaciones que libremente han acordado para la cancelación del préstamo que, al parecer, previamente habían concertado”.   Además, Bacigalupo responde a los demandantes que “el Sr. Montilla, al tiempo que sucedieron los hechos no era funcionario público ni autoridad, es obvio, por lo que tampoco puede ser autor del delito de cohecho que se le imputa”.   Por el contrario, los juristas consultados por este confidencial aseguran que el ministro de Industria era funcionario público entonces y sigue siéndolo como ministro actualmente “por la autoridad del cargo”.   La denuncia contra José Montilla y Ricardo Fornesa comenzó el 9 de diciembre de 2005 de la mano de Cross Country, S. L. y fue apoyada con la representación procesal de la Liga Pro-derechos Humanos el 26 de diciembre de 2005, después de que los medios de comunicación se hicieran eco de los sucedido.  

 

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