Cambiar los nombres de las calles de Madrid costará 6 millones de euros
A la retirada de las placas hay que sumar gastos por señalización de tráfico, modificación de direcciones de centros oficiales y empresas, sustitución de impresos, rotulados...
Manuela Carmena ha asumido la Ley de Memoria Histórica y se ha propuesto cambiar el nombre a todas las calles de Madrid que recuerden el franquismo. Aunque desde Ahora Madrid no han querido precisar lo que supondrá tal operación, ya existen cálculos sobre el coste económico de esa medida: unos 6 millones de euros.
Uno de los primeros informes sobre el gasto que supondrá la medida de la alcaldesa ha sido encargado precisamente por Ciudadanos. Fuentes cercanas a la cúpula de la formación han facilitado a El Confidencial Digital el resultado de los estudios que han realizado para conocer lo que supondrá cambiar el nombre de esas calles.
Según los cálculos de que disponen en este momento, el montante total de la propuesta de Carmena ascenderá al menos a 6 millones de euros. Será el montante para los organismos oficiales, porque el dato no refleja los costes privados para empresas, instituciones y ciudadanos particulares que también se derivarán de esa operación.
60.000 euros sólo las placas
El Ayuntamiento dispone ya de la cifra exacta que supondría el simple cambio material de las placas de las calles afectadas. Se contempla una partida inicial de 60.000 euros destinados únicamente al encargo, elaboración, retirada y sustitución de las chapas que van situadas en las fachadas de las calles afectadas.
Aparte de eso, se cuantifican también otros costes, como lo que supone alterar la señalización del tráfico con el cambio de los indicadores de direcciones y sentidos.
Y se añade lo que supone modificar el nombre en callejeros, planos y mapas de la ciudad; los impresos oficiales y toda la papelería (sobres, membretes, tarjetas de visita, sellos) de las sedes de organismos públicos (municipales, autonómicos, ministeriales) ubicados en las vías que cambien la denominación; y sustituir los documentos nacionales de identidad y pasaportes de todas las personas con residencia en esas calles;
Es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Defensa: su dirección del Registro General figura en la calle Capitán Haya, mientras que el Centro de Información Administrativa está en la calle General Yagüe, ambas afectadas por la medida propuesta por la alcaldesa.
Por otra parte, en la calle Capitán Haya también se encuentran las oficinas centrales de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones.
Molestias para los vecinos
Además, el cambio de nombre de las calles supondrá trámites burocráticos inesperados para todos los ciudadanos que, además de tener que renovar sus DNI, también deberán ponerse en contacto con todas las empresas con las que tengan contratados servicios de todo tipo.
Así, deberán cambiar los datos personales y de domiciliación de las facturas de teléfono, gas, electricidad y agua, así como los recibos del banco, y la dirección de envío del supermercado o cualquier otro comercio de venta online.
En Correos se ha recibido la propuesta con críticas. Los trabajadores ya han protestado porque deberán empezar a manejar el nombre de las nuevas calles, lo que en las primeras semanas dificultará la clasificación y reparto. En el organismo, de hecho, ya se preparan para sustituir las actuales rutas afectadas por los cambios de denominación.
Coste privado de la operación
De acuerdo con los cálculos realizados, los seis millones de euros no incluirían el gasto privado de la operación: las sociedades, comercios y negocios que tengan sede o comercio en estas calles tendrán que asumir grandes costes por el cambio de nombre de las vías.
Deberán modificar el nombre de todos los registros, así como de las direcciones de facturación y envío de sus proveedores, sus formularios e impresos, rótulos, modificaciones en la web, en sobres, etiquetas o tarjetas de visita.
