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Política

Consigna del PSOE a todos sus dirigentes: “Que nadie se deje ver en las calles, en las manifestaciones”

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Rubalcaba reacciona ante los disturbios de Barcelona y ordena a sus dirigentes apartarse de las movilizaciones de estudiantes y las manifestaciones contra las medidas adoptadas por el Gobierno. No quiere que el PP les vincule con los actos violentos, ni les acuse de ser los instigadores de las revueltas.

Según ha sabido El Confidencial Digital, en la planta noble de Ferraz no ha sentado bien que altos representantes del Gobierno y medios de comunicación de tirada nacional hayan vinculado los enfrentamientos entre policías y jóvenes, y la quema de mobiliario urbano en Barcelona y Valencia, con las palabras de Rubalcaba animando a los ciudadanos a salir a las calles.

La reacción de la dirección nacional del PSOE no se ha hecho esperar, y ahora la consigna es que ningún cargo del partido se deje ver en las movilizaciones anunciadas para el fin de semana y los próximos días, con el objetivo de que no se pueda relacionar al partido con posibles nuevas revueltas.

Fuentes cercanas a la dirección del partido, consultadas por este diario, explican que “a día de hoy el Partido Socialista no ha convocado ninguna manifestación específica. El PP nos define como pancarteros, pero se olvidan de que, durante los años del Gobierno de Zapatero, ellos convocaron un total de 13 manifestaciones ocupando la oposición”.

La campaña contra la reforma laboral será “política y legal”

Desde Ferraz aseguran que la línea a seguir del PSOE con respecto a la reforma laborar “será de protesta y crítica, pero no a través de movilizaciones, sino por la vía de la política y la Justicia”.

Así, “en los próximos días se impulsarán mociones en todos los ayuntamientos solicitando el rechazo a esta medida del Gobierno”. Además, “se hará una enmienda a la totalidad del texto en el Congreso de los Diputados”.

En cuanto al posible recurso de inconstitucionalidad, anunciado a principios de semana por Elena Valenciano, “se está trabajando en el argumentario jurídico, señalando los artículos que vulneran los derechos constitucionales de igualdad y de acceso al trabajo”.

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