Directores y profesores de colegios de Cataluña recibirán instrucciones sobre cómo resistir al referéndum
A partir de septiembre, reuniones en los centros para ser informados acerca de sus derechos y de cómo eludir órdenes ilegales de la Generalitat
Cientos de colegios e institutos abrieron sus puertas el 9 de noviembre de 2014 para que los catalanes votaran en la consulta sobre la independencia de Cataluña, pese a estar anulada por el Tribunal Constitucional. Para el 1 de octubre la Generalitat pretende hacer lo mismo, y algunos directores, profesores y otro personal escolar se va a preparar ante posibles problemas legales.
Desde que el gobierno de la Generalitat se decidió por la vía rupturista y de desobediencia de las resoluciones judiciales, parte de la plantilla de funcionarios y empleados públicos autonómicos se muestran inquietos por la posibilidad de que la reacción del Estado para frenar la independencia también caiga sobre ellos si acatan órdenes ilegales y contrarias a la Constitución.
Ocurrió ante la consulta secesionista del 9-N de 2014, ocurrió ante las elecciones autonómicas de septiembre de 2015 que los independentistas consideraron “plebiscitarias” y ha ocurrido en estos últimos años con los planes del gobierno de Puigdemont de poner en marcha “estructuras de Estado” como la Hacienda propia de Cataluña.
Ahora, a menos de tres meses para el referéndum que la Generalitat sigue decidida a convocar, aumenta la inquietud entre los funcionarios. Así lo aseguran sindicatos como CSIF, que ha editado un folleto para tratar de responder a las dudas de los empleados públicos ante la convocatoria del 1-O. Recomiendan pedir las órdenes por escrito y, si son manifiestamente ilegales, denunciarlas ante la fiscalía.
Objetivo: asesorar al personal de colegios públicos
El Confidencial Digital ha podido saber que CSIF iniciará una campaña dirigida especialmente a uno de los colectivos de funcionarios que más comprometidos se pueden encontrar por la organización del referéndum sobre la secesión de Cataluña.
Se trata de las plantillas de los colegios e institutos, donde la Generalitat ya colocó las urnas en 2014 y donde pretende volver a instalarlas en este nuevo referéndum. Precisamente muchos de los funcionarios que se han dirigido a CSIF para consultar qué pueden y deben hacer son directores de colegios e institutos.
Por eso, en septiembre este sindicato de funcionarios va a organizar una campaña para visitar centros educativos por toda Cataluña. Sus planes pasan por celebrar reuniones, a nivel de municipios y de comarcas, para explicar a los directores, profesores y demás personal de los colegios e institutos, qué derechos tienen y qué pueden hacer “resistir” ante las directrices de sus superiores del Govern de la Generalitat.
Por el momento, los directores y profesores no han recibido órdenes para el referéndum, pero en septiembre los acontecimientos se pueden precipitar y evolucionar hacia un nuevo 9-N, una consulta de la que el gobierno de Artur Mas se desvinculó en la organización, pese a que sus cargos fueron quienes coordinaron sobre el terreno los detalles logísticos de la votación.
De ahí que CSIF vaya a volcarse en recorrer el territorio catalán para ofrecer ese asesoramiento a estos funcionarios más expuestos y pieza clave en la celebración del referéndum. Hace tres años, desde el Departamento de Enseñanza se les ordenó entregar las llaves de colegios e institutos a los “voluntarios” de la organización, y también elegir a varios profesores o administrativos para atender a quienes irían a instalar las urnas, papeletas, cabinas electorales...
Entre la Generalitat y el Estado
Las amenazas que penden sobre los funcionarios, en este caso sobre las plantillas de los centros educativos públicos, son dos. Por un lado, los independentistas pretenden declarar que la participación en la organización del referéndum no sea eludible, y orgánicamente los profesores y directores dependen de la Generalitat; por otra, el Estado advierte a los funcionarios del peligro de que si colaboran con este plebiscito ilegal, pueden terminar siendo inhabilitados para ejercer un empleo público.
En el juicio contra Artur Mas y dos consejeras por organizar el 9-N, varios directores de colegios tuvieron que comparecer como testigos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
También declaró Dolores Agenjo, el ejemplo que le servirá a CSIF para explicar que cabe no acatar las instrucciones de la Generalitat si son ilegales. Agenjo era directora de un instituto de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y se negó a entregar las llaves de su centro para que se abriera el 9-N para colocar allí urnas para la votación. Su colegio permaneció finalmente cerrado ese día de la consulta independentista de 2014, el único caso de “rebeldía” frente al gobierno de Cataluña.
