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Política

Había sesiones previstas para el lunes, martes y miércoles santo

El juicio de los ERE se suspende en Semana Santa porque no hay hoteles para los abogados

Las defensas de algunos acusados no reservaron plaza con antelación y los establecimientos de Sevilla están completos por las fiestas religiosas

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La Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado las vistas del juicio de los ERE señaladas para el 26, 27 y 28 de marzo, que corresponden al lunes, martes y miércoles de la Semana Santa. Los motivos, curiosamente, no están relacionados con la causa ni con nuevas averiguaciones.


Parte de los acusados en el caso ERE. Parte de los acusados en el caso ERE.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, las defensas de varios acusados han solicitado a la sala la suspensión porque les es imposible conseguir plazas de hotel esos días en la capital andaluza.

Al parecer, los letrados no han reservado cama con suficiente antelación y al intentarlo, se han encontrado con que los establecimientos han completado las reservas desde hace semanas para los días santos debido a la fama de las fiestas religiosas sevillanas.

Ni siquiera se han encontrado plazas libres esos días en las localidades cercanas a la ciudad hispalense. Según ha podido saber ECD, el tribunal atenderá la petición de los letrados afectados y pospondrá las vistas pendientes para después de Semana Santa.

Una macrocausa en toda regla

La macro causa está compuesta por 270 piezas y el número de acusados asciende a 22, entre los que hay dos ex presidentes, seis ex consejeros, doce ex altos cargos y dos funcionarios.

Destacan los nombres de Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías. Las defensas de estos cuatro están a cargo de abogados de despachos madrileños que, desde el inicio del juicio, se trasladan de lunes a miércoles a Sevilla para asistir a las sesiones.

El tribunal deberá determinar si los fondos de la Junta de Andalucía destinados a los parados fueron distribuidos de manera fraudulenta. Por ejemplo, en el caso de empleados falsos de varias empresas, de sociedades vinculadas a alcaldes que mantenían contactos frecuentes con altos cargos de Empleo, de la cocaína adquirida por el chófer de uno de los acusados, o de las comisiones pagadas a intermediarios para conseguir las ayudas.

Los delitos y las penas

La Fiscalía solicita para Chaves la pena de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación (fue presidente de Andalucía entre 1999 y 2009). En cambio, para Griñán pide seis años de cárcel por malversación y treinta de inhabilitación, ya que fue consejero de Empleo entre 2004 y 2009 y no atendió los quince informes de la Intervención General de Hacienda que alertaban del mal uso de los fondos.

Para Zarrías y Álvarez, ex consejeros de Presidencia y de Economía, respectivamente, ha solicitado diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, al haber conocido y consentido el sistema de reparto fraudulento de las ayudas a los parados.

Sobre el consejero de Empleo entre 2000 y 2004 José Antonio Viera planea una pena de ocho años de prisión por malversación y otros treinta de inhabilitación. Es una de las “piezas clave” de la trama, según la Guardia Civil, junto a Antonio Fernández, que ocupó el mismo cargo entre 2004 y 2010 y para el que se han solicitado las mismas penas, junto a Francisco Vallejo, consejero de Innovación entre 2004 y 2009, por conceder varias ayudas de manera ilegal.

También se han solicitado ocho años de cárcel para Carmen Martínez Aguayo, vice consejera de Empleo durante el mandato de Griñán y consejera de Hacienda entre 2004 y 2009. Se le acusa de haber desatendido los informes del interventor de la Junta.

Además, están imputados hasta 126 intrusos, empleados falsos que recibieron las ayudas para los parados. El principal es Juan Lanzas, ex secretario general de UGT en Andalucía.

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