Miércoles 22/11/2017. Actualizado 11:23h

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Política

España no es un país corrupto. El Gobierno promueve una campaña en el exterior para recuperar imagen: comparará con situaciones peores como Italia, Grecia, Irlanda…

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Los 'papeles de Bárcenas' y los últimos casos de corrupción en España han traspasado fronteras y copado portadas en los medios internacionales. El PP y el Gobierno quieren contrarrestar esa mala imagen del país y sus políticos explicando en el exterior las nuevas leyes anti-fraude aprobadas y comparando los delitos públicos en otros países.

Según ha sabido El Confidencial Digital, Mariano Rajoy ha transmitido a su equipo de Gobierno y a la dirección del PP la necesidad de impulsar cuanto antes una campaña fuera de nuestras fronteras para mejorar la imagen de los partidos y de la clase política, muy denostada en el extranjero por la amplia cobertura que los medios europeos y americanos están dando a los casos de corrupción.

El presidente Ejecutivo se pronunció en esos términos hace una semana, en la reunión convocada el sábado pasado con la cúpula del partido después de la publicación en El País de los supuestos ‘papeles de Bárcenas’.

En el encuentro, Rajoy aseguró que “ésa y el resto de informaciones que están siendo difundidas por medios extranjeros sobre nuestra clase política hacen daño a España, y es nuestro deber explicar fuera la situación real y nuestros esfuerzos por acabar con la corrupción en nuestro país”.

“España tiene 300 políticos imputados, Italia 3000 condenados”

Uno de los principales objetivos del presidente del Gobierno es hacer ver en Europa y en Estados Unidos, a través de la delegación española del PP en Bruselas y de las próximas visitas de los ministros, que “la cantidad de casos de corrupción política en nuestro país es mucho más pequeña que en otras naciones”.

Fuentes bien situadas en el PP explican a ECD que, por ejemplo, podrán el acento en que, siendo cierto, como se ha publicado, que en el último año se ha imputado a 300 de nuestros políticos, “también destacaremos que en 2012, en Italia se han condenado a 3000 cargos públicos”.

Además, desde el Gobierno y el Partido Popular se explicará que esas imputaciones “son el resultado de procesos judiciales sobre casos que han ocurrido en el pasado, tipo ‘Gürtel’ o ‘Pallerols’, y que no corresponden a la actualidad”.

Por otra parte, y añadido a las condenas a cargos públicos en Italia, se comparará también la situación actual de España con las crisis políticas que ha habido en países como Irlanda o Grecia por delitos contra la Administración.

Recordarán “la dimisión del responsable anti-corrupción irlandés que defraudó más de 2 millones a Hacienda o los escándalos griegos, como la acusación al Presidente del Parlamento y dos ex ministros de haber blanqueado 10.200 millones de euros”.

Se ‘venderán’ las nuevas medidas anti-fraude

Por otra parte, Rajoy ha pedido a sus ministros y a la delegación española en Bruselas que aprovechen sus reuniones fuera de nuestras fronteras para recordar y hacer balance de todas las medidas contra el fraude y la corrupción que elabora el actual Gobierno.

En concreto, pondrá el énfasis en la próxima Ley de Financiación de Partidos, así como en la reforma del Código Penal con nuevas penas a los representantes políticos, la Ley de Transparencia, el endurecimiento de las penas por fraude fiscal, y un mayor control a la contabilidad de nuestros partidos.

Desmentir los ‘papeles de Bárcenas’

Además de realizar una campaña para mejorar la imagen exterior de clase política española, desde el PP también se está trabajando en desmentir, en los ámbitos nacional e internacional, las informaciones de El Mundo y El País sobre los supuestos cuadernos de contabilidad de Bárcenas.

Para ello, “el mensaje que tenemos que transmitir de cara al exterior es que esos papeles no son más que fotocopias, sujetas a cualquier tipo de modificación o manipulación”.

Además, ayer, viernes, el PP decidió publicar en su página web las cuentas y balances consolidados del Partido, durante el periodo 2008-2011, y que han sido presentadas a fiscalización del Tribunal de Cuentas.

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