Jueves 23/11/2017. Actualizado 01:21h

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Política

Puigdemont ya ha anunciado la fecha: el 1 de octubre

Funcionarios de la Generalitat se han negado a participar en la compra de urnas del referéndum

El sindicato CSIF ha recibido consultas de empleados públicos de Justicia, Educación y Hacienda que piden acogerse al protocolo ante “órdenes ilegales” para evitar ser imputados

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Carles Puigdemont ha cumplido su amenaza al Estado y ha anunciado fecha (1 de octubre) y pregunta del referéndum con el que pretende que los catalanes decidan si se convierten en una república independiente. Ante los preparativos para ese plebiscito ilegal han reaccionado algunos funcionarios.

Oriol Junqueras (ERC), de voluntario en una mesa de la consulta independentista del 9-N. Oriol Junqueras (ERC), de voluntario en una mesa de la consulta independentista del 9-N.

Desde que la Generalitat de Cataluña se lanzó por la senda de organizar referendos, consultas y proclamar abiertamente que iniciaba el camino hacia la “desconexión” respecto del conjunto de España, algunos funcionarios temieron ser sanciones por el Estado si cumplían órdenes inconstitucionales del gobierno catalán.

El sindicato CSIF diseñó un protocolo para tratar de proteger a los empleados públicos en estas eventualidades, ante la inquietud de parte de la plantilla.

Este viernes Carles Puigdemont, apoyado por todo su gobierno y otras autoridades autonómicas de Cataluña, anunció que la Generalitat convocará para el 1 de octubre un referéndum en el que los votantes catalanes podrán pronunciarse sobre esta pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.

Resistencia en la compra de las urnas

Coincidiendo con este nuevo paso del desafío independentista, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha hecho público que ha recibido ya solicitudes por parte de empleados públicos catalanes que buscan información sobre ese protocolo ante instrucciones fuera de la legalidad que pueden recibir de sus superiores.

La resistencia de algunos funcionarios de la Generalitat a desarrollar los planes secesionistas del gobierno de Puigdemont ya se ha concretado en algunos casos. CSIF tiene constancia de que ha habido funcionarios que se han negado a participar en el concurso de licitación para comprar nuevas urnas, que el gobierno catalán pretende utilizar para organizar el referéndum.

Además, este sindicato detalla que ha recibido solicitudes de información sobre el protocolo frente al referéndum desde las plantillas de funcionarios autonómicos destinados en diversos departamentos: Justicia, Educación (ya que serían encargados de abrir colegios electorales), Prisiones y también la Agencia Tributaria Catalana.

Información a directores de colegios

Una vez que el gobierno de Cataluña ha anunciado formalmente que convocará el referéndum para el 1 de octubre, CSIF también va a intensificar su labor informativa para los funcionarios: estará dirigida sobre todo a quienes trabajan en los colegios e institutos en los que la Generalitat pretende colocar urnas para su plebiscito independentista.

Especialmente comprometidos pueden quedar los directores de los centros, que tendrían que decidir si negarse a abrir las instalaciones, y los consejes por la misma razón.

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