Figuraban en el programa electoral del PP

Dos leyes polémicas de Gallardón corren peligro: Enjuiciamiento Criminal y Servicios Profesionales

Existe mucha oposición contra ellas, a partir de primavera se entra en periodo electoral y ya no es tiempo para provocar protestas y movimientos sociales

Alberto Ruiz-Gallardón comparece ante los medios.
Alberto Ruiz-Gallardón comparece ante los medios.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha realizado tres grandes reformas legislativas desde que llegó al ministerio en 2011: elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Código Penal y reforma de la ley del aborto. Ahora, ya en la mitad de la legislatura, afronta un calendario electoral que le puede obligar a guardar sus otras dos grandes modificaciones.

Según explican a El Confidencial Digital fuentes autorizadas del PP, el ministro tiene un problema de calendario: “Aquellas leyes que no estén lista antes de primavera, ya no saldrán”.

Las dos grandes reformas que tiene pendientes Ruiz Gallardón son la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley de Servicios Profesionales. Las fuentes del PP aseguran que se le echa el tiempo encima. “Es muy difícil que complete esas reformas. Con el calendario electoral que viene, o se reforman antes de primavera o ya no se podrán realizar porque supondrían un excesivo coste en las urnas”.

El calendario electoral

Tal como acordó Bruselas, las elecciones al europeas se han adelantado un mes, por lo que tendrán lugar entre el 22 y el 25 de mayo de 2014.

A partir de entonces, y ya en 2015, los españoles serán llamados a votar en las elecciones Municipales y Autonómicas, y poco después en las Generales. Un calendario muy complicado para el ministro, sobre todo si se trata de modificar leyes que afectan intensamente a muchas sensibilidades.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal es una de las reformas más esperadas del ministro. Sin embargo, el borrador del anteproyecto del nuevo Código, que actualizará el actual de 1882, ha suscitado polémica en todo el entorno jurídico.

Los puntos más controvertidos de la ley son:

-- Atribuye la instrucción penal al Ministerio Fiscal. La mayoría de los países de nuestro entorno (Alemania, Italia o Francia) han suprimido la figura de Juez de Instrucción. Sin embargo, las críticas que ha recibido la modificación van dirigidas a que dar la instrucción a los fiscales estaría bajo sospecha de falta de independencia, dado que el Ministerio Fiscal que funciona de manera jerarquizada.

 

-- La  Policía Judicial quedará integrada en el Ministerio Fiscal, por lo que se necesitará una nueva Ley de Organización y Funcionamiento.

-- Limitará las competencias del Tribunal Jurado, que pasará a ser una institución que solo conocerá sobre delitos de homicidio y asesinato.

-- Sustituirá la denominación de imputado por la de encausado.

Ley de Servicios Profesionales

Tal y como recoge el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, “la nueva ley tiene por objeto establecer los principios, bases y directrices necesarios para garantizar el libre acceso a las actividades profesionales y su libre ejercicio, así como actualizar y completar la regulación de las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales”.

La reforma ha suscitado numerosas protestas de distintos colectivos, entre ellos, abogados, administradores de fincas y procuradores, que la han rechazado tajantemente.

Los arquitectos han sido el colectivo que más ha alzado la voz: han presentado alegaciones para impedir el trámite parlamentario, tachando la ley de “arbitraria” e “inconstitucional”. Entre otras consecuencias, la nueva norma permitiría a los ingenieros proyectar y dirigir obras, en directa competencia con los arquitectos.

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