El Gobierno acelera, en plena amenaza de ETA, la redacción del catálogo de ‘infraestructuras críticas’ del territorio, que abandera el Ministerio de Interior

No había pasado más de una semana desde la ruptura del alto el fuego de ETA y los diputados españoles instaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por unanimidad, a que elaborara un listado de ‘infraestructuras críticas’ de España. El pasado 12 de junio sus señorías se pusieron de acuerdo en Pleno para exigir la finalización de este catálogo que tiene su origen en una directiva de la Unión Europea.

El encargo para la elaboración de este vademécum corresponde al Ministerio de Interior que deberá presentar, antes de seis meses, un plan para la protección de las infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, entre otros ministerios. Esta responsabilidad se está llevando a cabo desde el departamento de Rubalcaba precisamente porque queda bajo su competencia determinar los lugares e instalaciones objetos de posibles atentados terroristas.

El Gobierno dará cumplimiento así a una directiva europea, de junio 2004, para la creación del denominado Programa Europeo para la Protección de las Infraestructuras Críticas (PEPIC).

Según los parámetros fijados por Bruselas, el Ministerio de Interior deberá detallar en este prontuario las infraestructuras que se valoran como críticas dentro de los siguientes apartados:

-- Centrales y redes de energía.

-- Tecnologías de la información y las comunicaciones.

-- Finanzas (banca, valores e inversiones).

-- Sector sanitario.

-- Alimentación.

-- Agua (embalses, almacenamiento, tratamiento y redes).

-- Transportes (aeropuertos, puertos, instalaciones intermodales, ferrocarriles y redes de transporte público, sistemas de control del tráfico).

-- Producción, almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas (materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares).

-- Administración (servicios básicos, instalaciones, redes de información, activos, y principales lugares y monumentos nacionales).