Las armas del Gobierno y la Fiscalía para impedir que Otegi sea candidato
No se insistirá en la inhabilitación para cargo público sino en la imposibilidad de ser votado que dictaminó la Audiencia Nacional
Íñigo Urkullu sorprendió a propios y extraños el pasado viernes, cuando anunció el adelanto de las elecciones vascas al próximo 25 de septiembre. No obstante, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía de la Audiencia Nacional estaban preparadas para algo así, y ya han puesto en marcha la maquinaria para evitar la candidatura de Arnaldo Otegi.
El pasado 24 de mayo, Otegi fue proclamado oficialmente candidato a lehendakari como cabeza de lista de EH Bildu, cuando aún nadie sospechaba que el actual jefe del Ejecutivo vasco, Íñigo Urkullu, iba a adelantar unos comicios previstos para el próximo mes de octubre.
Ya entonces, el Gobierno anunció que recurriría esa candidatura, al recordar que el ex dirigente de Batasuna había sido condenado por terrorismo e inhabilitado, por la Audiencia Nacional, para ejercer cargo público. Desde la formación abertzale, por su parte, daban por seguro que la candidatura sería aceptada porque existen precedentes.
En concreto, se remiten al caso de Iker Casanova, diputado de EH Bildu condenado por terrorismo a siete años y medio de prisión. Sobre él pesaba una pena de inhabilitación especial, pero ésta quedó sin efecto al no especificar la sentencia para qué empleos y cargos públicos, lo que le permitió obtener escaño en el Parlamento Vasco.
“No tiene derecho al voto pasivo”
Pues bien. Según ha sabido El Confidencial Digital, ya en ese mes de mayo, la Abogacía del Estado tenía prácticamente listo el recurso, pero no era el único órgano que estaba en movimiento: también la Fiscalía se preparaba para responder a esa candidatura cuando la Junta Electoral la haga oficial.
El objetivo prioritario de la institución dirigida por Consuelo Madrigal es derrumbar el principal argumento legal de EH Bildu para defender la candidatura de Otegi: que el caso de Iker Casanova es igual que el ex líder de Batasuna y ha creado jurisprudencia.
En ese sentido, desde la institución se reconoce que, en ambas sentencias, existe ambigüedad respecto al cargo que pueden o no pueden ocupar los condenados. No obstante, en el caso de Otegi, existe una condena, además de la inhabilitación a cargo público, que le deja sin ninguna opción. Es la siguiente: “Inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo”.
Esta pena, que está en vigor hasta 2021, impide que Otegi pueda presentarse a ningún proceso electoral. La Audiencia Nacional le retiró ese derecho: “No puede presentase a unas elecciones porque nadie puede votarlo; no tiene derecho al voto pasivo”.
El recurso de la Abogacía, listo
La Abogacía del Estado, por su parte, ya tiene preparado el recurso a la candidatura de Otegi, que presentará al Tribunal Constitucional una vez que la Junta Electoral anuncie oficialmente, el próximo día 20, la candidatura de Otegi.
En ese documento, los servicios jurídicos del Gobierno hacen especial énfasis en el auto a través del cual la Audiencia Nacional rechazó, el pasado mes de enero, el recurso presentado por Arnaldo Otegi contra su inhabilitación a ejercer cargo público.
En ese sentido, la Abogacía hará especial énfasis en que EH Bildu se está saltando, además de la sentencia de 2011, un nuevo auto del juez que respondía, de forma expresa, a la solicitud de Otegi para poder aspirar a ser lehendakari.
Además, según las fuentes gubernamentales consultadas, el organismo también ha recurrido a la jurisprudencia de diferentes países europeos, donde cualquier condenado por terrorismo es automáticamente vetado para optar a cargo público.
Por último, se han recogido testimonios de diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo, que han recordado cómo, en diferentes ocasiones, Arnaldo Otegi se ha negado a pedir perdón a los represaliados por ETA.
Hacia un largo proceso judicial
Las fuentes consultadas por ECD añaden que tanto el Gobierno como la Fiscalía son más que optimistas respecto a la acción legal contra la candidatura de Otegi que comenzará a partir del 20 de agosto. No obstante, desde ambas instituciones vaticinan un proceso judicial que se extenderá durante varios meses.
Esa circunstancia, sin embargo, juega a favor de los intereses del Ejecutivo y en contra de EH Bildu. Si el Tribunal Constitucional acepta el recurso de la Abogacía del Estado, la Junta Electoral del País Vasco deberá apartar, de forma automática, a Otegi de las listas electorales hasta que el caso quede resuelto.
Así las cosas, a la formación abertzale no le quedaría otra que buscar un candidato alternativo. Las elecciones son el próximo 25 de septiembre y para entonces no se habrá tomado, ni mucho menos, una decisión judicial en firme.
