Viernes 15/12/2017. Actualizado 01:00h

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Política

Tras la muerte de Romero de Tejada

Al Gobierno se le complica la designación de un nuevo fiscal jefe en Cataluña

Dificultades para encontrar aspirantes por la hostilidad y acoso en medio de la tensión política

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El fallecimiento de José María Romero de Tejada coloca al Gobierno en la misma situación que hace una semana, cuando el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, murió en Argentina. El consejo de ministros debe nombrar de nuevo un sustituto para el Ministerio Público, pero esta vez en Cataluña, en medio de una situación histórica para todo el país, con varias causas por rebelión y sedición abiertas.


José María Romero de Tejada José María Romero de Tejada

Al Ejecutivo, y especialmente al ministro de Justicia, Rafael Catalá, se le complica la designación de un nuevo jefe del Ministerio Público en Cataluña, principalmente por un motivo: los fiscales no están interesados en optar al cargo.

Es más. Según ha podido saber El Confidencial Digital, los fiscales destinados en Cataluña no desean estar al frente de la Fiscalía. Si pudieran elegir, preferirían rechazarlo.

Y eso que el puesto comporta ventajas en cuanto a salario. El sueldo de un fiscal jefe es en torno a un 20% superior al del resto de colegas de profesión. Pero esta prestación no compensa el ejercicio de un cargo que “desgasta muchísimo”, según aseguran las fuentes consultadas.

Hostilidad y acoso a los funcionarios de Justicia

La actual situación política no facilita la labor de los profesionales de la Justicia. De hecho, el ministro Catalá denunció en el Congreso la campaña de acoso a que están sometidos jueces y fiscales: pinchazos de ruedas, pintadas y escraches en sus viviendas, insultos y amenazas por la calle.

Sin ir más lejos, la fiscal jefe de Barcelona, Ana María Magaldí, sufrió el asalto a su domicilio la semana pasada, cuando un grupo de desconocidos accedieron por el trastero de la vivienda y cortaron la calefacción y la antena de la televisión.

El ambiente de hostilidad no se respira sólo en las altas esferas políticas e institucionales. Los jueces en Cataluña no sólo investigan delitos en medio de una grave crispación política, sino que la tensión se ha trasladado también a la calle.

Las presiones no vienen de los altos despachos y de las últimas plantas de edificios nobles, que también. Incluso los ciudadanos de a pie están en pie de guerra contra la independencia judicial, porque muchos consideran a los jueces “el brazo del Estado español”, represor de las aspiraciones independentistas de Cataluña.

Artillería judicial contra las leyes de ruptura

Actualmente, hay decenas de causas abiertas contra alcaldes, dirigentes de la Generalitat, agentes de los Mossos y funcionarios por participar en el referéndum de independencia o por orquestar la república catalana.

Coordinar la acusación de los investigados es tarea de la Fiscalía, y en concreto, del fiscal jefe, ya que la gravedad de los delitos así lo exige: la mayoría son de rebelión o sedición, y en segundo término, desobediencia al TC y malversación.

Una Justicia “españolizada”

Así las cosas, quien ejerce la carrera judicial o fiscal en Cataluña es sospechoso de ser “un fascista” por parte de los partidarios de la independencia más radicales. O un “mal catalán”, como es el caso de Magaldí, oriunda de Gerona.

Además, se da la circunstancia de que la mayoría de los funcionarios de Justicia destinados en Cataluña son nacidos en otras comunidades autónomas. Muchos han tenido que aprender catalán y tienen como lengua materna el castellano. Por eso, son mal vistos por sectores independentistas, y en concreto, por la Generalitat: “nos odian”, aseguran fuentes jurídicas a ECD.

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