Sábado 16/12/2017. Actualizado 11:45h

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Política

Igual que hizo la República con Lluís Companys en 1934

El Gobierno detendrá a Puigdemont si se declara en rebeldía

Da por descontado que no habrá referéndum y que el president anunciará un pleno extraordinario del Parlament para declarar la independencia. El arresto se producirá antes de que se reúna la Cámara

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En la madrugada del 7 octubre de 1934 el presidente de la Generalitat, Lluis Comapnys, fue detenido por el ejército republicano horas después de que hubiera declarado el “Estado catalán” desde el balcón del Palau. Ahora, 83 años después, el Gobierno no descarta que esa situación se vuelva a producir con Carles Puigdemont como protagonista.

Carles Puigdemont. Carles Puigdemont.

La orden de detención, en esta ocasión, no partiría del Gobierno, sino de la Fiscalía General del Estado, y no la llevaría a cabo, el ejército. No obstante, y a pesar de estas dos diferencias, la situación actual es similar a la que ocurrió durante la II República, según los datos que manejan en Moncloa.

Revuelta y anuncio de Puigdemont

En concreto, según explican a El Confidencial Digital fuentes gubernamentales, en el Ejecutivo se han recibido informes de los servicios de información de Policía y Guardia Civil, y de los confidentes que tiene el Gobierno en la Generalitat, de los planes de Puigdemont y Junqueras. Y esa hoja de ruta reproduce, en cierta medida, lo ocurrido en Cataluña antes de la declaración de Companys.

El presidente de la Generalitat anunció en 1934 el “Estado catalán” después de desatarse la llamada “Huelga Revolucionaria”, una rebelión contra el gobierno de la República que derivó en disturbios en las calles. Unas algaradas que, desde el Gobierno, dan por seguras el próximo 1 de octubre.

Entre otras cosas, porque Puigdemont mantiene la orden de abrir los colegios el domingo y ha asegurado a sus consejeros que el referéndum se va a celebrar “sí o sí”. Una actitud que busca, según explican desde Moncloa, “la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad” y que se genere la máxima “tensión” posible.

Según la información de la que dispone el Gobierno, el objetivo es que haya colas desde primera hora de la mañana en los colegios, que circulen imágenes impactantes de los catalanes intentando ejercer su derecho al voto. Una vez confirmada la intervención de las urnas y de las papeletas, se improvisarán manifestaciones contra la decisión de la Fiscalía. Unas concentraciones que pueden derivar en un estallido de violencia en las calles.

Esa amenaza, tal y como se informó en estas páginas, ha sido contemplada por Moncloa desde el primer momento. No obstante, la reacción de Carles Puigdemont a esas algaradas es lo que tiene en máxima alerta al Gobierno.

Todo ello porque en el Ejecutivo se empieza a dar por seguro que el president, como hizo Companys hace 83 años, tiene previsto salir al balcón del Palau de la Generalitat para anunciar que, debido a las protestas provocadas por el “bloqueo del Estado español”, convoca al Parlament a un pleno extraordinario para declarar de forma unilateral la independencia de Cataluña.

Detención inmediata para impedir el pleno

Hay que recordar que esa posibilidad de declarar la independencia si el Estado bloquea el referéndum estaba incluida en los borradores de la Ley de Transitoriedad Jurídica aprobada el pasado 7 de septiembre, aunque no se introdujo en el texto final. Además, el propio Puigdemont no la descartó en su entrevista de este domingo con Jordi Évole en “Salvados”.

El president, no obstante, según la información de la que dispone el Gobierno, no piensa imitar en todo a Companys: cederá al Parlament la responsabilidad de aprobar una Declaración Unilateral de Independencia. Una maniobra que pretende legitimar una decisión adoptada por “los representantes electos del pueblo catalán”.

Este plan, de confirmarse el domingo, acabaría con Carles Puigdemont en la cárcel, advierten desde el Ejecutivo: “A la Fiscalía no le quedará otra que ordenar su detención inmediata para evitar, entre otras cosas, que se produzca esa reunión de la Cámara”. De esa forma, añaden, “se evitaría también el arresto de los miembros de la Mesa del Parlament”.

Una posibilidad, esta última, que también tiene prevista la Generalitat, que ya creó una “Asamblea de cargos electos” que sustituya al parlamento autonómico si éste es intervenido por las fuerzas y cuerpos de seguridad: “Lo tienen todo planeado y la única forma de pararlo es con la detención de Puigdemont”.

La conexión entre Moncloa y la Fiscalía

Esa tesis de Moncloa es compartida, al cien por cien, por la Fiscalía General del Estado. Así lo ha confirmado este lunes el propio José Manuel Maza en una entrevista en Onda Cero, en la que ha asegurado que la Fiscalía está convencida de que “Puigdemont está incurriendo en delitos de desobediencia, malversación y prevaricación” y que la “posibilidad de pedir prisión” para él “está abierta”.

La colaboración del Gobierno con la Fiscalía, aseguran desde el Ejecutivo, es “máxima”, y la coordinación va a ser aún mayor tras la elección de Diego Pérez de los Cobos, como coordinador de los Mossos d´Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil de cara al 1 de octubre.

El coronel, director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, es una persona de la máxima confianza para el actual Gobierno y tiene interlocución directa con Moncloa. Una interlocución que será vital para que el Ejecutivo esté informado de las decisiones que tome tanto la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Cataluña.

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