El Gobierno encarga a un imputado por sedición la gestión de los gastos de la Generalitat
Joaquim Nin, secretario general de Presidencia con Puigdemont, autoriza los pagos de más de 30.000 euros
La intervención de la Generalitat de Cataluña a través del artículo 155 permitió al Gobierno cesar a decenas de altos cargos del Govern, además de los consejeros. Sin embargo, miembros destacados de la administración autonómica, y además marcadamente independentistas, continúan en sus cargos. E incluso los ministerios confían en ellos y les han dado más competencias de las que hasta ahora tenían.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy pretendió asegurarse el control de la Generalitat desde el inicio de su intervención, una operación política inédita, ya que nunca hasta ahora se había recurrido al artículo 155 de la Constitución para tomar las riendas de un gobierno autonómico.
Por eso, además de los consejeros cesó a otros muchos altos cargos: secretarios generales, directores generales... Personas que estaban muy vinculadas a los consejeros de Puigdemont, y que habrían encajado con dificultad la intervención del Estado.
Sin embargo, el Gobierno ha mantenido en puestos importantes, en algunos casos lugares claves, a altos cargos de la etapa de Carles Puigdemont.
Mano derecha de Puigdemont, imputado por el referéndum
El Confidencial Digital ha podido comprobar que varios ministros han delegado más competencias de las que tenían, en algunos de estos altos cargos muy vinculados a Puigdemont y a los partidos independentistas.
Un caso llamativo es el de Joaquim Nin. Se trata del secretario general de Presidencia, que fue nombrado en enero de 2016, justo después de que tomara posesión Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. El secretario general de Presidencia es uno de los cargos más cercanos al presidente.
Nin se encuentra imputado por varios delitos, entre ellos el de sedición, por el juez que investiga los preparativos del Govern de Puigdemont encaminados a celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre y conseguir la independencia efectiva de Cataluña. Incluso fue interrogado por la Guardia Civil el pasado mes de julio.
Contratación pública
Pese a esas circunstancias, Nin se mantiene en el cargo tras la aplicación del artículo 155. Y ha recibido más atribuciones. Hace unas semanas, la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que actúa como consejera de Presidencia de Cataluña, firmó una orden en la que delegó en el secretario general de presidencia competencias relativas al gasto y a la contratación pública de la Generalitat.
Concretamente, desde principios de este mes de diciembre Nin ostenta “la facultad de firmar documentos contables que contengan las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de pago de los gastos de un importe igual o superior a 30.050,61 euros”.
También ha recibido las facultades de contratación administrativa que tenía hasta hace unos meses el consejero del Departamento de Presidencia en los órganos de contratación para los suministros y servicios de mantenimiento de instalaciones y equipamientos”. Y la vicepresidenta también le ha delegado la competencia de modificaciones presupuestarias del Departamento de Presidencia.
Fuentes del Gobierno implicadas en la gestión diaria de la intervención sobre la Generalitat explican a ECD que, pese a haber sido mano derecha de Puigdemont, Joaquim Nin “está actuando de forma correcta y con lealtad” en el ejercicio de sus funciones en esta etapa de aplicación del artículo 155.
Un ex concejal de ERC
El secretario general de Presidencia no es el único alto cargo que ha recibido más atribuciones en estos meses. Desde el Gobierno explican que, aunque hay altos cargos de los ministerios en Barcelona, y el contacto es fluido con Madrid, es necesario que determinadas tareas y competencias del día a día las ejerza personal propio de la Generalitat.
Más allá de esa autorización de gastos que ahora realiza Joaquim Nin, hay otros casos de altos cargos muy independentistas en los que ha confiado el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Es el caso de Ángel Cortadelles. Era director de servicios del Departamento de Justicia cuando el Gobierno cesó al consejero, Carles Mundó, y al secretario general (número dos) Adrià Comella.
Pues bien: el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha firmado una orden ministerial mediante la que encarga a Cortedelles la suplencia temporal en las funciones atribuidas al secretario general del Departamento de Justicia, así como la dirección del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. En virtud de ese primer cargo que ejerce como suplente, por ejemplo se ha reunido con sindicatos de funcionarios de prisiones para tratar temas laborales.
Cortadelles lleva muchos años en la administración (fue alto cargo en los años del tripartito PSC-ERC-ICV), pero también tuvo un cargo político. En 2011 fue candidato de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) a la alcaldía de Reus (Tarragona). No ganó, pero llegó a ser concejal de Deportes, Emergencias y Seguridad Civil antes de volver a la Generalitat.
