El Gobierno quiere dar marcha atrás en el ‘pensionazo’ a militares, guardias civiles y policías, aunque sólo a medias
El Gobierno tiene intención de dar marcha atrás en el recorte de las pensiones por incapacidad a militares, guardias civiles y policías que ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2009, el llamado ‘pensionazo’.
No obstante, según ha sabido El Confidencial Digital, sería una rectificación a medias. Los presupuestos, tal como están redactados, establecen que a partir de enero los funcionarios que se jubilen, o los militares que pasen a la reserva por incapacidad, con menos de 20 años de servicio cobren sólo el 75 por ciento de la pensión, frente al 100 por 100 que recibían hasta ahora. El recorte también iban a sufrirlo los declarados incapacitados tras ser víctimas de un atentado terrorista.
Ahora, el Gobierno ha decidido dejar fuera del ‘pensionazo’ las pensiones extraordinarias por incapacidad. Es decir, no habrá recorte para las víctimas del terrorismo, ni para los civiles y militares que se vean obligados a retirarse por una lesión en acto de servicio o como consecuencia del mismo. Según la información de que dispone ECD, así se lo han comunicado parlamentarios socialistas a algunos de los grupos afectados.
Sin embargo, el recorte se mantendrá en las pensiones ordinarias por incapacidad, aunque ligeramente atenuado. En lugar de dejar el 75 por ciento de la pensión a todos los que se jubilen con menos de 20 años de servicio, la reducción será escalonada. Cobrarán un 95 por ciento los que lleven 19 años, un 90 por ciento con 18 años... así hasta el 75 por ciento para los de 15 años o menos, de acuerdo con las enmiendas preparadas por el Grupo Socialista en el Congreso. A eso se han comprometido.
De este modo, el Gobierno cede en parte a las protestas que había provocado la medida, pero no se baja del todo de la burra del ‘pensionazo’. Entre otras razones porque fuentes socialistas argumentan que es necesario para acabar con algunas irregularidades. Dicen que no es aceptable que demasiados policías, guardias civiles y militares que se retiran incapacitados por razones psíquicas -y no estar en condiciones de llevar un arma- terminen trabajando en empresas de seguridad en las que tienen que manejar una pistola.
La respuesta de quienes defienden a estos profesionales es que, si hay fraude, el Gobierno tendrá que combatirlo de alguna manera; pero la solución no es cortar por lo sano y que paguen justos por pecadores.
