El Gobierno pregunta a los candidatos a fiscal general del Estado sobre Cataluña
Busca un dirigente del Ministerio Público acorde con la estrategia de Moncloa con la Generalitat
Estaba previsto que el nombre del nuevo fiscal general del Estado se diera a conocer el pasado viernes, pero el Gobierno terminó el primer Consejo de Ministros sin haber tomado una decisión definitiva al respecto. La siguiente fecha límite que se ha fijado ha sido este mismo martes.
Entre otros aspectos, el Gobierno ha tratado de negociar la posición de los candidatos sobre Cataluña. En concreto, sobre la oferta que ha lanzado la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, al president de la Generalitat, Quim Torra, que consiste en legalizar el Estatut en su totalidad (contradiciendo al TC) y emprender una reforma de la Constitución para “facilitar el encaje” de todos los “territorios”.
Si el Gobierno cumple su palabra y emprende esta legalización, necesitará el mayor número de apoyos jurídicos posible, contando previsiblemente con el enfrentamiento de buena parte del TC, que ilegalizó varios artículos del Estatut.
Por tanto, necesita asegurarse la “afinidad clave”, según afirman fuentes cercanas al asunto a El Confidencial Digital, del fiscal general del Estado. El trabajo que desarrolle con la causa abierta en el Supremo por rebelión, sedición y malversación también determinará la marcha del Gobierno sanchista.
Acercamiento de presos
De hecho, según ha podido saber ECD, desde Moncloa han mostrado interés por la postura de los candidatos sobre los ex consellers encarcelados, llamados “presos políticos” por los independentistas.
En este sentido, han sondeado a los posibles ocupantes del palacio del marqués de Fontalba y les ha pedido su opinión sobre cómo debería actuar el Gobierno con Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell, etc. También con Carles Puigdemont, huido de la Justicia desde el de octubre.
La ministra Batet ya se pronunció sobre este asunto días después de su nombramiento y se mostró partidaria de un acercamiento de estos presos a cárceles catalanas. Con el matiz de que es una decisión que compete al juez instructor.
Sobre este asunto, las fuentes consultadas aluden a un caso reciente: el enfrentamiento entre el ahora fiscal saliente, Julián Sánchez Melgar, y los fiscales de Sala encargados del 1-O, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, por la prisión provisional decretada para Joaquim Forn.
Éste alegó una enfermedad padecida durante la infancia y las malas condiciones sanitarias del penal de Estremera para solicitar su salida de la cárcel. La Fiscalía pretendía negarse, pero Sánchez Melgar hizo uso de su voto de calidad para adherirse “por humanidad”.
Las mismas se refieren a este suceso como muestra de la importancia que puede llegar a tener el fiscal general del Estado en este procedimiento.
Tutela de las cuentas
Según ha podido saber ECD, el sondeo también incluyó la pregunta acerca de la intervención de las cuentas de la Generalitat, que el Gobierno ha levantado parcialmente (ahora el control es mensual y no semanal).
Un nuevo gesto del Gobierno con Torra para el que quiere contar con el apoyo íntegro y explícito del fiscal general del Estado. Se trata, según afirman las mismas fuentes a este confidencial, de un pequeño “examen” con el que Sánchez evalúa la orientación de los candidatos y su afinidad con la estrategia de diálogo y consenso del Ejecutivo socialista.
Sánchez está convencido de que tender puentes a la Generalitat solucionará la crisis catalana y su deseo es contar al frente del Ministerio Público con un jurista que interprete el Derecho de manera similar, en este caso.
Cabe destacar que el levantamiento de la tutela de las cuentas catalanas es una decisión adoptada por el Gobierno y con la que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, estuvo de acuerdo, pese a ser uno de los miembros del Gobierno más beligerantes con el independentismo catalán.
Dos nuevos nombres en la quiniela
Según ha podido saber ECD, el Gobierno baraja desde el viernes dos nuevos nombres en las quinielas para la Fiscalía General del Estado.
Se trata del catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, abogado de la ex consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, en el caso ERE, y Joaquín Giménez, magistrado de Sala del Supremo ya jubilado.
Ambos son conocidos por su sintonía con el sector más progresista de la carrera, aunque Giménez es conocido por sus denuncias de la falta de independencia del poder judicial. Por contra, Giménez cuenta con 72 años de edad, algo que podría restar sus opciones de dirigir el Ministerio Público.
Estos nombres se unen a los de María José Segarra, fiscal jefe de Sevilla; Javier Zaragoza, fiscal de Sala del Supremo y ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional; Pedro Crespo, fiscal de Sala del TS y Álvaro García Ortiz, fiscal de La Coruña.
