El juez Gómez Bermúdez inclinará la balanza del lado de las víctimas en la sentencia del 11-M: un millón de euros

Aunque la sentencia está guardada para evitar su filtración antes de mañana, fuentes jurídicas aseguran a ECD que en la redacción de la resolución el magistrado ponente ha sido proclive a las peticiones económicas de las acusaciones.

El Ministerio fiscal solicitó en sus conclusiones definitivas una indemnización de 750.000 euros para cada víctima, mientras que la mayoría de las acusaciones llegó al millón de euros. Según ha sabido ECD por fuentes cercanas a la Audiencia Nacional, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, ponente de la sentencia, se ha mostrado favorable a recoger la petición de las acusaciones particulares en la redacción de la resolución judicial que se conocerá mañana miércoles.

De este modo, es muy probable que se le conceda a cada una de las familias de las 191 víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 y a la del GEO asesinado en Leganés, Francisco Javier Torronteras, una indemnización cercana al millón de euros. Este dinero saldrá de la partida de los Presupuestos Generales del Estado destinada a la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Muchas de estas familias han cobrado ya parte de este dinero. En estos casos, esta cantidad será descontada del millón de euros por víctima. Las mimas fuentes aseguran que la benevolencia de Bermúdez se quedará en las victimas ya que el juez aplicará todo el rigor de la Ley a los 29 procesados.

Con independencia de los delitos por los que resulte condenados cada uno, el Código Penal establece una pena mínima de 12 años de prisión por pertenencia a una organización terrorista, delito del que están acusados la mayor parte de los procesados.

Muchos de los reos deberán sumar a esta condena la pena por asesinato. La reforma del Código Penal de 2003 amplió el periodo de estancia máxima en prisión de 30 a 40 años para los delitos de máxima gravedad. De ahí que esos 40 años será el tiempo que permanecerán entre rejas la mayoría de los acusados ya que no se les permitirá la redención de pena.

 

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