IU presionará al Gobierno en la negociación de los Presupuestos para que elimine las ayudas públicas a la educación diferenciada

IU quiere exigir un mayor compromiso al Gobierno en política social para dar su apoyo a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Según ha reconocido a El Confidencial Digital un importante dirigente de la federación, una de sus batallas estará centrada en la supresión de la llamada educación diferenciada que recibe ayudas públicas. Izquierda Unida ya ha dejado claras cuáles van a ser las demandas que presentará al Gobierno para prestar su apoyo a las cuentas del Estado del próximo año. Además de evitar las enmiendas como método para incluir sus exigencias, el Ejecutivo debe mostrar mayor sensibilidad hacia tres campos fundamentales que —como ya se dijo en estas páginas- el propio Llamazares reveló en julio a los socialistas. Una de esas líneas es la Educación. Para Izquierda Unida la ley educativa presentada por el PSOE es manifiestamente mejorable. En varios aspectos. Principalmente en su dotación presupuestaria pues las Comunidades Autónomas ya están dejando claro su intención de desvincularse de esas exigencias económicas. Una de las batallas de IU será la educación concertada diferenciada. Según reconocen sus dirigentes, la federación quiere presionar al Gobierno para que tome partido por esta causa. “Queremos evitar —explican- la segregación. Los colegios españoles deben ajustarse a la Constitución y a la ley. Y con dinero público no puede apoyarse, a través de conciertos o subvenciones, centros de educación no mixtos”. “Nadie —concluye este representante- debe ser discriminado en razón de sexo y el Gobierno debe velar por ello apoyando, única y exclusivamente, la coeducación”. A juicio del grupo parlamentario de IU, la apuesta de los socialistas por la escuela pública es demasiado “tibia”. “El Gobierno —explica a ECD otro político de la federación- debe comprometerse más en esta batalla. Lo que no quiere decir que la escuela privada no tenga que jugar un papel allí donde no llegue la enseñanza pública sino que el Estado debe estar siempre apostando por la educación para todos”. Para la federación de Gaspar Llamazares, que las Comunidades Autónomas tengan delegada esta competencia no supone un problema. “Es cuestión de que, al igual que sucede en las políticas activas, el Ejecutivo establezca, por ejemplo, que el Estado apoyará la creación de ofertas de centros públicos de cero a tres años que las comunidades deseen acometer”, argumentan. Las regiones que quieran, explican desde IU, podrán acogerse a ese plan. Y el Estado podría subvencionar el 20% de esas actuaciones, por ejemplo.