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Política

Los funcionarios autonómicos están aplicando la “resistencia pasiva”

Informe a Moncloa: actos de rebeldía en las consejerías de la Generalitat

Retrasos sospechosos, silencios y puenteos a los técnicos enviados a Barcelona en las consejerías de Exteriores, Justicia, Interior y Educación

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Dos semanas después de la aplicación del 155 en Cataluña, el Gobierno insiste una y otra vez en la vuelta a la “normalidad institucional” en la región y en la ausencia de conflictos de los técnicos del Estado enviados a Barcelona. No obstante, en algunas consejerías de la Generalitat empieza a detectarse una “resistencia pasiva” por parte de los funcionarios.

Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy. Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy.

Según confirman a El Confidencial Digital altos cargos gubernamentales, los directores generales y secretarios generales téncicos del Gobierno enviados a Cataluña para asumir las competencias de las diferentes consejerías han hecho un balance “positivo” de la situación que se han encontrado en las dos semans que llevan trabajando sobre el terreno.

No obstante, en los informes que remiten a Moncloa, al ministerio de Presidencia de Soraya Sáenz de Santamaría, algunos empiezan a alertar de ciertos “problemas de eficacia” en órganos del Govern. Así, explican que los funcionarios de la Generalitat, pese a obedecer órdenes, “no las están aplicando” en los plazos deseados.

En ese sentido, explican desde el Ejecutivo, “no estamos encontrando resistencia u oposición, pero sí cierta pasividad en algunos departamentos”. Dicho con otras palabras, “todos los funcionarios dicen ‘Sí’ a lo que les pedimos, pero en algunos casos no hacen nada o ralentizan cualquier tramitación”.

La tendencia, matizan las fuentes consultadas, “no es generalizada”. No obstante, sí se han dado este tipo de episodios en cuatro consejerías, consideradas “clave” en Moncloa. Son las de Exteriores, Justicia, Interior y Educación.

Sin datos de la “actividad comercial” de las ‘embajadas’

En la consejería de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales es en la que el Gobierno está encontrando, según los cargos del Ejecutivo a los que ha tenido acceso ECD, más dificultades, debido a la “escasa colaboración” de los funcionarios que trabajan tanto en la sede de Barcelona como en las llamadas embajadas comerciales’.

Así, Juan González Trigo, el embajador enviado por Alfonso Dastis a la consejería que dirigía Raül Romeva, está viendo cómo todas sus peticiones de información sobre la “actividad comercial e institucional” de la propia consejería y de las legaciones europeas de Cataluña no están obteniendo respuesta.

En este sentido, desde el Ministerio explican que solo disponen de información precisa sobre las cuatro embajadas que fueron cerradas -Lisboa, Ginebra, Viena y Roma- y “porque las intervenimos de forma automática”. Del resto, no obstante, “recibimos mensajes de buena voluntad, pero pocos datos concretos”.

Además, en la propia consejería, “hay documentación que se ha solicitado y nos siguen ocultando”. Una postura, la de los altos funcionarios de Asuntos Exteriores, que ya anticipó, en cierta forma, Raül Romeva tras la aplicación del 155, al afirmar que “los funcionarios de Cataluña no obedecarán órdenes de Madrid”.

Inactividad y paros en Justicia

Si en la consejería de Exteriores los funcionarios han optado por una “resitencia pasiva”, en Justicia los empleados públicos han dado un paso más y aprovecharon la “huelga de país” de la semana pasada para “no hacer absolutamente nada”.

Así, unos 200 trabajadores del departamento que antes dirigía Carles Mundò cortaron el pasado jueves, 9 de noviembre, día de la huelgam la Gran Via de Barcelona a la altura de la calle Roger de Llúria durante diez minutos para pedir la libertad de los miembros del Govern cesado, y de los presidentes de la ANC y Òmnium.

Ese acto, que en sí tuvo escasa repercusión, sí sirvió, según explican las fuentes consultadas, “como excusa” para realizar reuniones preparatorias que impidieron, durante la semana pasada, “el desarrollo normal del trabajo” en la consejería.

La inactividad provocada por el 9-N se ha mantenido en algunos departamentos durante los últimos días, algo que no le ha pasado desapercibido al hombre de Soraya Sáenz de Santamaría en Cataluña: Roberto Bermúdez de Castro.

Falta de colaboración en Interior y en los Mossos

El secretario general de Interior Juan Antonio Puigserver, enviado por Zoido para hacerse cargo de la consejería, está encontrando, como su homólogo de Exteriores, el ya citado González Trigo, “escasa colaboración” por parte de cargos intermedios de la consejería y mandos opetativos de la policía autonómica.

Así, explican las fuentes consultadas, todas las peticiones de información sobre operativos de los Mossos, incluido el del 1 de octubre, y atestados de lo ocurrido el 9 de octubre, están quedando, al menos de momento, sin respuesta. No existe un rechazo explícito a la tramitación de esas órdenes, pero “sí es cierto que no se está recibiendo nada”.

Ante esta situación, el Ministerio de Interior ha decidido reforzar en el cargo a Puigserver, que desde finales de la semana pasada ya ejerce, de facto, como director de los Mossos d’ Esquadra.

Además, desde el pasado lunes, el emisario enviado a Cataluña por Zoido ha asumido las funcionesde la Secretaría General del Departamento de Interior catalán y el Área de Procesos Electorales y Consultas Populares del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, por lo queel dispositivo de seguridad de los Mossos para el 21-D será organizado por él.

Además de esas nuevas competencias, Puigserver tiene, desde este lunes, la facultad para sancionar por faltas muy graves a cualquier agente de los Mossos d'Esquadra. Una circunsancia que puede ser determinante de cara al futuro y que puede provocar un cambio de actitud en los mandos intermedios.

Puenteo en Educación

En las consejerías anteriormente citadas, las quejas de los técnicos enviados por el Gobierno tenían que ver con la falta de colaboración por parte de los funcionarios. No obstante, en Ensenyament (Enseñanza o Educación), la actitud de algunos empleados públicos ha sido peor, ya que han recurrido al “puenteo” de los nuevos responsables de la cartera.

Así, el pasado 30 de octubre, el lunes posterior al Consejo de Ministros del día 27 en el que se aprobó la aplicación de 155, la consejería abrió expediente a Jordi Cantallops, un inspector de Educación en Barcelona que había denunciado “adoctrinamiento” en los colegios de la región. La decisión no quedó allí y la semana pasada un cargo del Departament le llamó a declarar y le puso una sanción.

El caso llegó a oídos del propio Ministerio de Educación hace apenas unos días, después de que la Asociación Nacional de Inspectores de Educación (ANIE) alertara de lo que estaba ocurriendo.

Méndez de Vigo decidió ayer mismo tomar cartas en el asunto y levantar el expediente disciplinario y la sanción a Cantallops. El siguiente paso, explican desde Moncloa, es pedir explicaciones a quien tomó esa medida.

Carteles a favor de los “presos políticos”

Estos primeros actos de rebeldía preocupan en Moncloa porque, entre otras cosas, ralentizan el día a día de la Administración catalana y ponen en riesgo la anunciada “vuelta a la normalidad democrática e institucional”.

No obstante, desde el Gobierno también alertan que en algunas consejerías están apareciendo carteles a favor de los “presos políticos y reclamando su libertad”. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el Departamento de Gobernación, donde han instalado letreros reclamando la excarcelación de la antigua consejera, Meritxell Borràs.

Una tendencia, esta última, que no es considerada “grave” por el Gobierno, aunque desde Presidencia están “vigilantes” para que la pega de carteles no vaya a más en próximas fechas.


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