Las defensas han solicitado nuevas diligencias

Juez y fiscales del 1-O se quedan sin vacaciones de verano

Necesitan el mes de agosto para preparar el juicio por el referéndum de independencia, previsto para principios del otoño

Estaba previsto que la instrucción de la causa del 1-O finalizara en junio para que el juicio pudiera dar comienzo a principios de otoño. Sin embargo, la solicitud de más diligencias por parte de las defensas de los independentistas ha obligado a retrasar el término de esta primera fase.


Según ha podido saber Confidencial Digital, tanto el juez Llarena como los fiscales que trabajan en el caso han asumido que este año deberán prescindir de su periodo de vacaciones, dada la importancia del procedimiento.

Así lo confirman a este confidencial fuentes cercanas a la causa. Tanto el magistrado como los fiscales tienen previsto no acudir al Tribunal Supremo durante algunos días de agosto, pero eso no significa que ese tiempo sea de descanso, sino que se llevarán el trabajo a casa.

“Me tomaré unos días, pero los pasaré cerca de Madrid por si es necesario acudir al Supremo”, afirma uno de los que forman parte del procedimiento. Añade a ECD que llevará consigo toda la documentación de la causa para continuar estudiándola.

Las mismas fuentes explican que tanto el juez como las acusaciones deben estudiar las últimas diligencias que han solicitado varios abogados de los procesados. Se trata de “los últimos flecos” antes de cerrar la instrucción, lo que daría paso a la siguiente fase del procedimiento, el juicio oral.

Éste está previsto para principios de otoño y el juez Llarena desea que se inicie en septiembre. Para ello, tanto él como el Ministerio Público deberán ultimar contra reloj los documentos que tienen pendientes, entre otros, si las diligencias solicitadas por las defensas son pertinentes.

Juicio en septiembre

Si se cumplen los plazos, los ex consellers Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Santi Vila, Meritxell Borràs, Dolors Bassa y Carles Mundó se sentarán en el banquillo de los acusados a mediados de septiembre, coincidiendo con el inicio de curso. Vila, Borràs y Mundó quedaron en libertad bajo fianza en diciembre.

También lo harán los ex líderes de la ANC y Ómnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y los ex miembros de la Mesa del Parlament Carme Forcadell, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, así como la cupaire Mireia Boya. Todos ellos, salvo Forcadell, Sànchez y Cuixart, están en libertad bajo fianza.

Si Alemania no entrega a Carles Puigdemont antes de esa fecha, el juicio comenzará igualmente, ya que Llarena considera perjudicial para la causa retrasar las vistas a la espera de una hipotética entrega del ex president a la Justicia española.

Por consiguiente, tampoco esperará a que regresen de Suiza Marta Rovira y Anna Gabriel, igualmente procesadas, ni Clara Ponsatí (en Escocia), Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. De hecho, el tribunal belga ha negado la extradición de los tres últimos, que continúan en Bruselas.

 

Sintonía de la fiscal general

Fuentes cercanas a la Fiscalía aseguran que la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, ha mantenido conversaciones con los cuatro acusadores que trabajan en la causa.

Según ha podido saber ECD, les ha transmitido su apoyo y ánimo en el procedimiento, uno de los más polémicos y complicados de la historia reciente de España. Los fiscales encargados del caso aseguran que Segarra no les ha impuesto ninguna directriz y que se ha limitado a respetar su labor. Definen  estas conversaciones como manifestación de “sintonía total”, al menos por el momento.

Segarra tampoco les ha informado de la investigación que va a iniciar sobre las cargas policiales del 1-O, duramente criticadas por la ministra de Defensa, Margarita Robles, los días posteriores al referéndum. Incluso pidió reprobar a la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por estos hechos.

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