La Junta de Andalucía ultima el borrador de una ley que promueve la eutanasia basado en un texto escrito por un sacerdote y un doctor
El borrador de Ley se quiere presentar ante el Parlamento andaluz en el primer semestre del 2009. Se fundamenta en un texto escrito por dos miembros del comité autonómico de Ética e Investigación: un sacerdote y un médico.
El textoque está utilizando la Junta para la futura Ley de Dignidad ante el Proceso de Muerte ha sido elaborado por Pablo Simón, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y Francisco Alarcos, sacerdote y experto en Teología.
La presentación del texto tuvo lugar el pasado 25 de junio, una semana antes de que diera comienzo el 37 Congreso Federal del PSOE. En las conclusiones elpartido socialistaresaltó “el derecho de los pacientes afectados por determinadas enfermedades terminales o invalidantes a obtener de las instituciones y de los profesionales ayuda para poner fin a su vida”.
La Junta de Andalucía y su Consejería de Salud admiten querer aproximarse al concepto de eutanasia con esta futura normativa, pero evitan utilizar dicha palabra.
Pero estos devaneos con la eutanasia cuentan con varios precedentes. Tal y como asegura José Ramón Amor Pan, experto en Bioética, “los socialistas llevan años intentando introducir la eutanasia en la sociedad de forma encubierta”.
En el PSOE conocen la polémica que trae consigo este asunto y justifica el borrador de Ley afirmando la necesidad de legislar sobre este asunto a nivel estatal.
Se da la circunstancia de que la dignidad ante el proceso de la muerte ya está recogida en la legislación desde el año 1986. “El derecho a la plena dignidad en el proceso de muerte es un derecho que ya ha sido reconocido jurídicamente en algunas disposiciones legislativas”, afirma el Partido Socialista en las resoluciones de su Congreso Federal.
Otros puntos fundamentales que se están tratando en el borrador y que tendrán que se prevé que se incluyan en la normativa son el acceso a los cuidados paliativos y al tratamiento del dolor, establecer el derecho de atención sanitaria en el domicilio, prohibir la obstinación terapéutica o regular la toma de decisiones de las personas en estado Terminal.
